Alrededor de 150 alumnos, monitores y personal de apoyo de los Programas de Empleo y Formación (PEF) de Osuna se han concentrado esta mañana ante la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, en Sevilla, para reclamar la continuidad de dos proyectos suspendidos de forma definitiva por la administración autonómica. En la pancarta principal se leía: “No más castigos ni discriminación. PEF de Osuna exigen seguridad jurídica, dignidad y justicia”.
La protesta se desarrolló frente al edificio de la Delegación Territorial de Empleo en Sevilla, cuyo titular es Antonio Augustín Vázquez. La suspensión definitiva fue comunicada ayer, 18 de septiembre, tras estar “en el aire” desde finales de julio. En la víspera, la alcaldesa ya había anunciado el pago inmediato de nóminas y su apoyo a la concentración.
La movilización llega tras la resolución de la Delegación que desestima las alegaciones del Ayuntamiento y mantiene la cancelación de dos PEF por supuestas irregularidades en la selección del alumnado. Los convocantes cifran en “una treintena” las familias afectadas de forma directa.
Suspensión de los programas por supuestos errores en la selección/alumnado
La Junta, a través de la Delegación Territorial de Empleo en Sevilla, justifica la suspensión de los dos PEF alegando que el alumnado no cumplía con los criterios de validez establecidos. Es decir, argumenta que hubo irregularidades o incumplimientos en la selección de participantes que invalidan su participación, aunque previamente esos mismos alumnos habían sido “validados”
Antes de la suspensión definitiva, la Junta realizó inspecciones y levantó actas en las que se recogían observaciones sobre la validez del alumnado. Esas actas fueron utilizadas como base para declarar la suspensión cautelar.
El Ayuntamiento presentó recursos, informes y alegaciones (técnicos-jurídicos) para tratar de revertir la decisión, pero según los medios, la Delegación Territorial de Empleo rechazó esas alegaciones sin admitirlas o sin un análisis que el Ayuntamiento considera suficiente.
Como consecuencia de la suspensión definitiva, la Junta ha iniciado un expediente de “pérdida de derecho al cobro” de los programas afectados. Esto significa que la administración entiende que, al suspender los PEF, no se reconocerían las ayudas asociadas o los costes previstos para esos proyectos.
El delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Agustín Vázquez, ha respondido públicamente a las críticas del Ayuntamiento de Osuna sobre la suspensión de dos Programas de Empleo y Formación (PEF). Vázquez sostiene que la decisión de la administración autonómica se basa en un incumplimiento de plazos de justificación por parte del Consistorio.
Según explicó a través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ayuntamiento tenía como fecha límite el 18 de octubre de 2024 para justificar varios de los PEF. Posteriormente, solicitó una ampliación hasta el 31 de octubre, lo que suponía solo 13 días más y no el máximo de 45 que suelen pedir otros municipios. “El funcionario de turno, rutinariamente, hace las resoluciones por 45 días sin observar que Osuna, por error, pide 13 días. Una vez detectado el error y como por ley estamos obligados a no dar más plazo del que nos solicitan, se corrigió la resolución”, precisó.
El delegado territorial subrayó que la documentación se presentó fuera del plazo ampliado hasta el 31 de octubre, motivo por el que se declaró la pérdida del derecho a cobrar la subvención. “Evidentemente presentaron la justificación pasados el 31/10, con lo cual es claro y cristalino que está fuera de plazo”, afirmó.
La alcaldesa, Rosario Andújar, acompañó al alumnado y denunció que en la resolución “la propia Delegación reconoce que ha cometido errores”, pero “no asume las consecuencias”. “Se quedan 35 familias con prestaciones interrumpidas y subsidios parados, pese a tener un contrato firmado”, afirmó. El Consistorio anunció que hoy se han abonado las nóminas de agosto con fondos municipales, a la espera de que la Junta transfiera los importes comprometidos para el conjunto de los PEF.
Desde el colectivo de alumnos, María José García reclamó que se atiendan las alegaciones presentadas y aseguró que el impago autonómico ha obligado al Ayuntamiento a adelantar salarios mientras se resuelve el conflicto. “No somos 30 personas, somos 30 familias”, subrayó ante la sede de Empleo.
El gobierno local avanzó que presentará recurso de reposición contra la suspensión y, en caso de ser rechazado, acudirá a la vía contencioso-administrativa. En paralelo, el Ayuntamiento reiteró que la falta de transferencias por parte de la Junta —más de seis millones destinados a los PEF en Osuna— está tensionando la tesorería municipal.