Aunque la certeza legal sobre el crimen de Los Galindos se ha perdido para siempre, el peso abrumador de la evidencia circunstancial, los testimonios y el análisis forense apunta en una dirección clara. Se aleja de un simple crimen pasional para señalar un móvil económico urdido en las altas esferas de la propiedad. Según su propio hijo, el Marqués de Grañina, Gonzalo Fernández de Córdova, junto a su administrador, orquestó un intento de intimidación contra su capataz, Manuel Zapata, para evitar que este denunciara una trama de fraude. Dicha intimidación escaló de forma violenta e incontrolada hasta convertirse en una masacre de cinco personas.
Esto aparece publicado en el libro publicado en 2019 por Juan Mateo Fernández de Córdova, hijo del marqués, titulado El crimen de Los Galindos. Toda la verdad, editado por Almuzara. Juan Mateo alega haber sido testigo presencial cuando, junto con su padre y el administrador, entraron en el cortijo para “convencer” a Zapata de que guardara silencio sobre una trama de fraude que había descubierto.
Según su relato, el marqués y el administrador acudieron con un tercero apodado “Curro” para presionar con medios económicos —sobornos—, pero la presión derivó en violencia desmesurada, causando inicialmente la muerte de Zapata y su esposa y luego, ya solo, “Curro” continuó con los demás crímenes.
En esta entrevista el periodista Juan Ignacio Blanco, ya fallecido, señala directamente al administrador y un familiar como los autores de los hechos.
El caso de Los Galindos perdura en la memoria colectiva española no solo por su brutalidad, sino porque funciona como una poderosa alegoría de la España de la Transición. Refleja un tiempo en que las viejas estructuras de poder, casi feudales, aún poseían la fuerza suficiente para torcer el brazo de la justicia y garantizar su propia impunidad.
Las cinco víctimas no solo fueron asesinadas el 22 de julio de 1975. Fueron victimizadas una segunda vez por una investigación que buscó culparlas a ellas mismas, y una tercera vez por un sistema judicial que les falló en cada etapa. La pérdida del expediente es el monumento a este fracaso.
La Arquitectura de la Impunidad
El Poder de la Influencia
La investigación sugiere que la impunidad no se debió solo a la incompetencia, sino a una deliberada obstrucción de la justicia. El Marqués de Grañina era un excomandante del ejército, una figura de autoridad en la España de 1975.
Está documentado que, poco después de los crímenes, se reunió con el Capitán General de Sevilla, que era amigo personal. Inmediatamente después de este encuentro, la investigación se estancó. Años más tarde, el propio juez Antonio Moreno Andrade declararía que «altas influencias» se movieron para bloquear el caso.
El Reloj se Agota: Prescripción (1995)
El 22 de julio de 1995, al cumplirse 20 años de los asesinatos, el delito prescribió según el Código Penal vigente. El caso se cerró oficialmente sin que nadie fuera juzgado ni condenado. La justicia había fracasado de manera definitiva.
El Expediente Perdido (2014)
Como si la prescripción no fuera suficiente, el caso sufrió un último y surrealista golpe. En 2014, se descubrió que el sumario completo del caso (Sumario 20/75), un expediente de más de mil folios que contenía todas las declaraciones, informes forenses y pruebas recabadas, se daba por desaparecido de los archivos de la Junta de Andalucía.
La explicación oficial es que dado el mal estado del edificio del juzgado de Marchena donde se custodiaba y durante el caótico traslado de documentos a un depósito o almacén judicial en Sevilla, el sumario se traspapeló o fue mal catalogado. Esta versión es considerada inverosímil por la mayoría de los investigadores y periodistas que han seguido el caso. La pérdida del expediente es vista como un acto deliberado para enterrar definitivamente cualquier posibilidad de revisión histórica o de que nuevas pruebas pudieran salir a la luz.
La desaparición del sumario no es un simple error administrativo; es la culminación lógica y simbólica de cuatro décadas de fracaso y obstrucción judicial. La secuencia es clara: una investigación inicial contaminada, la imposición de una falsa narrativa con respaldo de altas instancias, el abandono del caso hasta su prescripción y, finalmente, la eliminación del registro físico. Cada paso aseguró la impunidad. La pérdida del expediente transforma el caso de «no resuelto» a «irresoluble», sellando la historia con un acto final de negligencia o encubrimiento. La ausencia de una investigación seria sobre la propia desaparición del sumario es la prueba definitiva de la indiferencia institucional.