El Ayuntamiento de Arahal ha rechazado la propuesta de Izquierda Unida para aprobar una moratoria y elaborar un plan especial que regule la implantación de plantas de biogás y biometano en el municipio. La iniciativa contó únicamente con el apoyo de IU, mientras que el PP y el grupo no adscrito votaron en contra, por lo que el proyecto previsto en el paraje Casablanca continuará su tramitación administrativa.
La decisión contrasta con la posición adoptada en otros municipios sevillanos donde este tipo de instalaciones ha generado oposición institucional. Fuentes de Andalucía ha paralizado un proyecto y aprobado una moratoria; Estepa se ha mostrado contraria a dos iniciativas; Écija está modificando su planeamiento para limitar estas plantas cerca de los núcleos urbanos; y Morón de la Frontera ha anunciado que no aprobará el proyecto previsto en su término. También La Campana, Bollullos de la Mitación y Benacazón han adoptado medidas o pronunciamientos de rechazo o cautela.
Por tanto, no todos estos municipios han “parado” jurídicamente sus proyectos, ya que algunos expedientes siguen en tramitación, pero al menos siete localidades sevillanas han tomado medidas para restringir, frenar o cuestionar la implantación de plantas de biogás.
En Arahal, el alcalde, Francisco Brenes, sostiene que la normativa actual y los informes técnicos, ambientales y sectoriales son suficientes para valorar el proyecto sin necesidad de una moratoria previa. IU, por el contrario, reclama una regulación específica que establezca distancias, capacidades máximas y controles sobre olores, tráfico, consumo de agua e impacto paisajístico.
El debate se produce en plena expansión del biogás en Andalucía, impulsado como alternativa para aprovechar residuos agrícolas y ganaderos. La controversia ya no se centra únicamente en estar a favor o en contra de esta energía, sino en decidir qué tamaño deben tener las plantas, dónde pueden instalarse y qué impacto pueden asumir los municipios y sus vecinos.