El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha denunciado este martes que más de un centenar de puestos de trabajo podrían perderse en los centros de protección de menores de la provincia a raíz de los nuevos pliegos de licitación del servicio, y ha reprochado a la Junta de Andalucía su “falta de respuesta” ante las advertencias y protestas del sector.
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La organización sindical se ha concentrado a las puertas de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Igualdad y Familias en Sevilla para visibilizar la situación de la plantilla. Según los datos aportados por CCOO, treinta centros de protección de menores de la provincia se encuentran inmersos en un proceso de cambio de contrato. De ellos, 27 continúan como centros de acogimiento residencial en sus distintas modalidades, mientras que tres equipamientos pasarán a reconvertirse en una nueva figura denominada COILS, orientada a la inserción social y laboral de menores y jóvenes del Sistema de Protección de Menores de Andalucía.
En el conjunto de estos 30 centros trabajan algo más de 400 personas de diversas categorías profesionales. El sindicato advierte de que más de un centenar de ellas se enfrentan a un posible despido cuando culmine el proceso de adjudicación, y que otras 27 verán reducido su contrato de jornada completa a tiempo parcial, con el consiguiente impacto en sus ingresos y en la organización del servicio.
CCOO recuerda que la plantilla lleva tiempo reclamando refuerzos de personal y mayores medidas de seguridad, al considerar insuficientes los recursos humanos para atender adecuadamente a los menores y gestionar situaciones complejas dentro de los centros. En lugar de avanzar en ese sentido, sostienen, el rediseño de los pliegos ha introducido “una nueva capa de incertidumbre” sobre la estabilidad laboral de los equipos.
“Es inadmisible que quienes trabajan con menores en situación de especial vulnerabilidad, en un servicio esencial, vean peligrar su empleo y sufran un empeoramiento de sus condiciones”, señalan desde el Sindicato Provincial de Enseñanza, que acusa a la Junta de Andalucía de no responder a las movilizaciones y reivindicaciones que el sector viene planteando en los últimos meses.
La organización sindical exige al Gobierno andaluz que garantice el mantenimiento del empleo, que respete las jornadas completas allí donde sean necesarias para la correcta atención, y que ponga fin a las congelaciones salariales que arrastran estos profesionales. CCOO reclama igualmente que se refuercen las plantillas y se dignifiquen las condiciones laborales en unos centros que, subrayan, “constituyen una pieza clave del sistema de protección de menores y no pueden sostenerse sobre la precariedad de sus trabajadores y trabajadoras”.