La Policía Municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla) ha ordenado este mediodía el desalojo del call center de Konecta de esta localidad tras realizar una inspección a sus instalaciones para ver si cumplían medidas de prevención del coronavirus, donde trabajan 2.500 trabajadores, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Fernando Soriano (IU-CA).
La inspección de trabajo se ha personado en el centro de trabajo por una denuncia de CGT el viernes 13 afirmando que la empresa no cumple con las medidas preventivas de seguridad. El domingo 15/03 este sindicato presentó una segunda denuncia.
Además el SAT ha presentado una denuncia contrata Adecco en Procavi ayer 16 de marzo, ante la inspección de trabajo por la «ausencia de normas básicas de seguridad y salud, en cuanto a distancia entre trabajadores y trabajadoras para minimizar los riesgos de extensión de COVID-19 pandemia declarada por la OMS».
Por su parte el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, alerta de que el Sindicato se está encontrando con numerosas empresas y sectores que están
“incumpliendo de forma sistemática los protocolos de seguridad en el trabajo
poniendo así en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras y torpedeando
el esfuerzo de la mayoría social que sí está haciendo un esfuerzo enorme por
cumplir el confinamiento y las medidas preventivas para frenar la expansión del
coronavirus”.
Según CCOO muchas empresas mantienen la actividad sin proveer a los trabajadores y trabajadoras de los equipos de protección individual (EPI) necesarios y sin poner en marcha los protocolos para evitar el riesgo de contagio entre los trabajadores y trabajadoras.
CCOO ha podido constatar que “hay gente cambiándose cascos de
teleoperadores y teleoperadoras porque no tienen más remedio, trabajando en espacios hacinados o atendiendo a personas dependientes sin guantes, batas ni mascarillas”.
El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, afirma que “la salud de las personas trabajadoras no puede estar navegando en un limbo legal en plena alerta sanitaria. Si la Inspección de Trabajo no es competente debe ser la propia Junta de Andalucía o el Gobierno de España quienes garanticen que las empresas cumplen”, ha subrayado Aristu.
“Vamos a vernos en la obligación de parar la producción o la prestación de servicio en las empresas que continúen sin garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Las empresas tienen que garantizar sí o sí su seguridad”.
