La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía alertó este miércoles de una “situación muy preocupante” en los 240 centros de protección de menores y de justicia juvenil de la comunidad. Según la secretaria general, Marina Vega, el 80% de los profesionales afirma haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal, aunque solo el 6% se ha denunciado. El sindicato convocó movilizaciones en todas las provincias andaluzas para el 14 de octubre con el objetivo de exigir un cambio de modelo de gestión y condiciones laborales “dignas y seguras”.
CCOO subraya la exposición de las educadoras: el educador social Antonio Toranzo señaló que el 3% ha padecido agresiones físicas con tocamientos y el 18% comentarios de índole sexual. La organización sostiene que en los últimos meses se han registrado siete agresiones físicas graves que han derivado en hospitalizaciones, fracturas y bajas de larga duración, y critica la ausencia de un seguimiento específico de estos incidentes por parte de la Administración. Entre sus demandas, reclama refuerzo de plantillas, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del V convenio colectivo, reconocimiento del plus de peligrosidad y garantías de seguridad laboral.
La Consejería de Justicia replicó que el sistema andaluz de justicia juvenil “es un referente dentro y fuera de España”, con profesionales con “experiencia y formación acreditadas” para la reeducación de los jóvenes y la gestión de situaciones complejas. La Junta asegura que los centros disponen de personal de seguridad preparado para intervenir en casos graves, así como de medidas y protocolos que incluyen formación específica al personal. Sobre la contratación, afirma que todos los acuerdos se ajustan al convenio del sector, que los pluses deben negociarse en el ámbito patronal y que las licitaciones se rigen por criterios de calidad y no económicos. Niega que haya procesos abiertos que impliquen reducción de personal.
Respecto al Observatorio de Justicia Juvenil, la Junta precisa que su puesta en marcha está prevista para finales de año. CCOO, por su parte, insiste en que el actual modelo privatizado “tiene dos víctimas: los trabajadores, que desempeñan su labor en condiciones cada vez más inseguras, y los menores, que no reciben la estabilidad ni los recursos necesarios”, y urge a revisar el sistema para que “prime la calidad por encima del precio”.