El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP)
denuncia que numerosos ayuntamientos y entidades locales no están aplicando las revisiones extraordinarias de precios puestas en marcha por el Estado y la Junta de Andalucía, lo que está provocando una situación muy compleja para las compañías del sector, al tiempo que muchas licitaciones van a quedar desiertas o sin realizarse , un hecho que viene creciendo desde hace más de un año.
Por ello, CEACOP insta a las entidades locales a que se acojan al sistema, al igual que están
haciendo las administraciones central y autonómica, tal y como recoge la legislación vigente e incluso dictamina la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si bien hay ayuntamientos que sí las están recogiendo, otros muchos están optando por el silencio
administrativo o incluso denegándolas.
“Lo que está sucediendo es duro e injusto. No resolver favorablemente las solicitudes de
revisión e incluso más si cabe el silencio administrativo, está obligando a las empresas a
recurrir a la vía judicial”, explica Arturo Coloma, gerente de la asociación.
Cabe recordar que la legislación extraordinaria (Real Decreto Ley 3/2022 y Decreto Ley 4/2022) aprobada por la imprevisible y muy significativa alza de precios durante 2021 y 2022, está sirviendo para paliar “muy levemente” la afección de la subida de costes a los contratos de obras que estaban en ejecución en 2022 o que fijasen los precios de contrato hasta marzo de 2023.
La propia ley recoge en su motivación la causa en un incremento extraordinario de
costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar.
“El impacto real en los costes ha sido superior al 30% y esta legislación solo lo resuelve en una pequeña parte al no recoger las subidas de energía”, señala Coloma, quien advierte de que hay un porcentaje elevado de proyectos que “son inviables económicamente, poniendo en riesgo el futuro de las empresas y sus trabajadores”.
CEACOP pone el acento en la problemática que esto supone para las pequeñas y medianas
empresas que trabajan para entidades locales, ya que son las que sufren directamente los
efectos “y no tienen capacidad para soportar estas pérdidas”.
Según la patronal de la construcción, los ayuntamientos deberían, por encima de otras
consideraciones, aplicar la legislación como hace el resto de las administraciones públicas y evitar el daño producido en los contratos afectados, así como la litigiosidad que conlleva, “que es costosa y tardía en el tiempo, lo cual no se pueden permitir las finanzas de las pequeñas empresas”, matiza el gerente de CEACOP.
La asociación valora positivamente la adhesión al sistema extraordinario de revisión de precios por la Junta de Andalucía e insiste en que las resoluciones sean “aprobadas y abonadas” con la mayor agilidad posible.
En cuanto a los ayuntamientos que han optado por el silencio administrativo, “tienen una
oportunidad clara de responder favorablemente las solicitudes para así aportar la misma
solución que se aplica en toda la obra pública en la comunidad autónoma de Andalucía y evitar daños evidentes a las empresas” insta Coloma.
Por último, CEACOP insiste en la necesidad de reimplantar una ley de revisión de precios de los contratos de obras públicas que permita resolver las situaciones notablemente inflacionarias que persisten y se puedan volver a presentar en el futuro, permitiendo a las compañías realizar y cumplir los contratos en condiciones de equilibrio presupuestario.