La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un ciudadano rumano, cuyas iniciales son N.T., a un año y dos meses de prisión, tras alcanzar un acuerdo las partes, por un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto por contratar de forma irregular a 32 extranjeros para recoger aceitunas en una finca de la localidad sevillana de Marchena.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un ciudadano rumano, cuyas iniciales son N.T., a un año y dos meses de prisión, tras alcanzar un acuerdo las partes, por un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto por contratar de forma irregular a 32 extranjeros para recoger aceitunas en una finca de la localidad sevillana de Marchena.
A su vez, este hombre ha sido condenado a pagar una multa de 2.130 euros, a razón de diez euros diarios durante siete meses, y le ha sido suspendida la pena de prisión durante cuatro años con la condición de que el condenado no delinca en este tiempo, según la sentencia emitida por la citada Sección, que ha sido dictada ‘in voce’ en la propia sala donde estaba previsto la celebración de la vista oral. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitaba para este hombre cuatro años de prisión pero ha rebajado la pena a un año y dos meses basándose en las dilaciones indebidas, al considerar que se han producido en el caso sin razones necesarias.
La defensa ha pedido la suspensión de la pena de cárcel y, aunque el fiscal no se ha opuesto, ha pedido que el periodo sea de cuatro años teniendo en cuenta que este hombre fue condenado como autor de un delito de lesiones con sentencia firme en abril de 2011 a la pena de dos años de prisión, la cual fue suspendida con esta misma condición por el plazo de tres años. Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, este hombre, como administrador único de una empresa que lleva su nombre, en octubre de 2013 celebró un contrato con una segunda empresa para llevar a cabo las tareas de recolección de aceitunas en una hacienda de Marchena.
Sin embargo, el 18 de octubre de 2013 la Inspección de Trabajo se desplazó a la referida finca y pudo «comprobar que tenía trabajando a un total de 34 trabajadores, sin que 32 de ellos, todos ciudadanos rumanos, estuviesen dados de alta en la Seguridad Social ni contasen con autorización de trabajo». Además, apunta que el representante de la segunda empresa «desconocía» la existencia de dichas condiciones laborales.
