La Audiencia de Sevilla le impone una pena de 14 meses de cárcel por administración desleal, con atenuantes por haber devuelto parte del dinero y por la dilación del proceso, informa Diario de Sevilla.
El antiguo gerente de la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador (Casil), con sede en Marchena que cuenta con más de 2.000 socios, ha sido condenado a un año y dos meses de prisión por un delito de administración desleal. Según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el acusado, identificado como José Antonio M.T., se concedió a sí mismo anticipos y créditos por valor de 227.000 euros entre 2011 y 2014, sin devolverlos a la entidad.
El gerente logró el dinero “mediante reintegros en caja, cheques o transferencias” y después lo metió en sus cuentas y las de su esposa, pero “sin que esta última tuviera un conocimiento preciso de estas operaciones y su alcance” informa Diario de Sevilla.
El gerente percibió 227.000 euros gracias a estas irregularidades. La cantidad fue fijada por la cooperativa y el acusado la admitió como tal en una escritura de “reconocimiento de deuda y dación de pago” que firmó el 27 de abril de 2015.
La condena se ve considerablemente reducida por la aplicación de dos atenuantes: reparación del daño —tras haber devuelto una parte sustancial de lo sustraído— y dilaciones indebidas, ya que el procedimiento judicial se ha prolongado durante más de diez años. El tribunal ha valorado además el “esfuerzo reparador” del condenado, que llegó a hipotecar su vivienda y poner “todo su patrimonio” a disposición de la cooperativa.
La Fiscalía llegó al juicio pidiendo cinco años de cárcel para el gerente, cuatro años para su esposa y tres años y medio para los otros tres presuntos implicados, en todos los casos por un delito de apropiación indebida.
El fallo absuelve a los otros cuatro acusados que también se sentaron en el banquillo: la esposa del gerente, la cajera, el contable y un socio, al no quedar acreditado que actuaran en connivencia. El tribunal considera que estos empleados firmaron los documentos de retirada de fondos bajo la dirección del gerente y sin pleno conocimiento de las operaciones.
En cuanto a la cajera y el contable, trabajaban “bajo la dirección del gerente” y “autorizaron con su firma las operaciones que propuso aquel en su beneficio”, ya que el consejo rector les había dado poderes para emitir cheques y retirar dinero, pero “no queda acreditado que lo hicieran en connivencia” con el condenado, matiza el tribunal.
La sentencia obliga al condenado a abonar 75.618,81 euros que aún quedan pendientes, suma que corresponde a la parte no devuelta de los fondos sustraídos. Esta cantidad deberá ser reintegrada a la sociedad cooperativa Oleand Manzanilla Olive, entidad en la que se integró Casil en 2024.
Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado inicialmente penas más elevadas —hasta cinco años de cárcel— y acusaciones por apropiación indebida, pero rebajó las penas y modificó la calificación a medida que avanzaba el proceso. Finalmente, el tribunal ha dado mayor peso a la calificación de administración desleal presentada por la propia cooperativa explica Diario de Sevilla.
En el polo opuesto, el tribunal también es duro con algunas excusas del procesado, como la de que “su modo de proceder no difería del seguido por otros socios” o que “había miembros del consejo rector que debían 180.000 o 200.000 euros” a la cooperativa. “Su alegación no resulta admisible […]. Su posición […] y la confianza depositada por el consejo rector […] lo situaban en un plano diferente y superior a los demás socios”, espeta la Audiencia
La resolución judicial concluye que el acusado “se aprovechó de su cargo y de la confianza del consejo rector para acceder a una financiación que sabía que no podía devolver”, y rechaza su argumento de que otros socios también debían grandes sumas, subrayando que su posición era distinta por su responsabilidad en la gestión directa.