El consejero delegado del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, se ha apartado de la gestión del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) después de la difusión de unas grabaciones internas en las que instaba a directivos del centro a aumentar las listas de espera, reducir intervenciones quirúrgicas y rechazar pacientes o procesos “no rentables” con el objetivo de incrementar los beneficios de la empresa. La existencia de estos audios fue adelantada por el diario El País, y posteriormente recogida y analizada por otros medios nacionales como RTVE y la Cadena SER, lo que ha desencadenado una fuerte polémica sobre el modelo de gestión privada de la sanidad madrileña.
En las grabaciones, realizadas durante una reunión interna celebrada el 25 de septiembre con mandos del grupo y del hospital, se escucha a Gallart pedir “desandar el camino” de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores y plantear ajustes para alcanzar un beneficio operativo (EBITDA) de “cuatro o cinco millones”. Según la información publicada por El País, el directivo plantea realizar menos intervenciones y rechazar determinados pacientes o procedimientos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de este hospital público gestionado en régimen de concesión por el grupo Ribera.
Tras la difusión de los audios, el grupo sanitario emitió un comunicado en el que anuncia que Pablo Gallart ha solicitado “desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón” mientras se lleva a cabo una auditoría interna “en profundidad”. En esa nota, Ribera subraya que su “prioridad absoluta” siguen siendo los pacientes y que la revisión servirá para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de la legalidad, de la ética profesional ni de los estándares de calidad asistencial. Este mensaje ha sido reproducido y contrastado en diversos medios de ámbito estatal que han seguido la evolución del caso.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, según informan RTVE y otros canales públicos, ha enviado un equipo al hospital para comprobar “in situ” la adecuada prestación del servicio y ha anunciado controles adicionales sobre la empresa gestora. El Gobierno regional sostiene que, de momento, no se han detectado incumplimientos en la atención a los pacientes, aunque admite que mantendrá una supervisión reforzada mientras se esclarecen los hechos.
El caso ha provocado una intensa reacción política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al Partido Popular de “hacer de la salud un negocio” al hilo de estas revelaciones, relacionando el escándalo con el modelo de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid. La ministra de Sanidad, Mónica García, junto a portavoces de PSOE y Más Madrid, ha criticado con dureza que, según las grabaciones difundidas por El País y amplificadas por RTVE y la Cadena SER, se plantee deliberadamente alargar listas de espera y rechazar pacientes en un hospital público para mejorar los beneficios de una empresa privada, y ha abierto la puerta a estudiar posibles acciones legales o reformas del modelo de concesión.
Con la investigación interna anunciada por Ribera y el seguimiento abierto por la Consejería de Sanidad, el caso de Torrejón se ha convertido en uno de los principales focos del debate sobre la colaboración público-privada en la sanidad española, con sus detalles y repercusiones siendo analizados y verificados de forma continuada por medios generalistas y especializados en información sanitaria.