La memoria de Marchena, Arahal y Paradas permanece escrita en miles de páginas de los archivos de protocolos notariales conservados en el Archivo Municipal de Marchena en La Milagrosa y que pertenecen a la Notaria de Marchena.
Testamentos, compraventas, poderes, capitulaciones matrimoniales, inventarios y contratos de cinco siglos permiten reconstruir la vida cotidiana, económica y familiar de varias generaciones. Sin embargo, una parte de esos documentos presenta un visible estado de deterioro provocado por la humedad y por décadas de conservación deficiente.
El cronista oficial de Arahal, Rafael Martín Martín, ha reclamado en dicho artículo una intervención urgente en el Archivo General de Protocolos Notariales de Marchena. Su comentario fue difundido el 21 de julio de 2026 por Radio Morón-Cadena SER, después de la publicación de El Pespunte. Martín considera que la situación refleja un fracaso colectivo de las instituciones responsables de proteger este patrimonio documental.
Documentos afectados por la humedad
La denuncia no se basa únicamente en una opinión. El Pespunte visitó personalmente el archivo y publicó fotografías en las que se observan volúmenes con cubiertas dañadas, manchas de humedad, pérdidas de papel y zonas aparentemente degradadas.
Durante esa visita, el medio coincidió con un investigador que consultaba un protocolo notarial de Paradas. Según el relato publicado, la parte superior del volumen estaba tan deteriorada que se desprendían fragmentos sobre la mesa a pesar de que el investigador trataba de manipularlo con cuidado.
Los protocolos se encuentran desde septiembre de 2024 en una sala situada dentro del edificio de la Biblioteca Municipal de Marchena, junto a la Capilla de la Milagrosa. Antes del traslado estuvieron depositados en la Casa Fábrica, donde algunos permanecieron durante más de cuarenta años en estanterías afectadas por goteras y grandes manchas de humedad, según la investigación periodística.
Protocolos con hasta cinco siglos de antigüedad
Según la catalogación del archivo publicada en 1983 y citada por El Pespunte, el documento más antiguo conservado sería un Libro de Escrituras Públicas de Paradas fechado en 1522. Le seguiría un libro de Marchena de 1543 y otro correspondiente a Arahal de 1606.
El valor histórico de estos fondos es excepcional. Los protocolos notariales permiten conocer la propiedad de las viviendas y tierras, las relaciones familiares, las actividades artesanales y comerciales, las fundaciones religiosas, las dotes matrimoniales, las herencias y las condiciones de vida de habitantes que normalmente no aparecen en las grandes crónicas políticas.
Las responsabilidades están repartidas
La situación jurídica es más compleja que la existencia de una única administración responsable. El Reglamento Notarial establece que debe existir un Archivo General de Protocolos en la cabecera de cada distrito notarial y que solamente un notario puede tenerlo a su cargo.
El notario archivero se hace cargo de los documentos bajo su responsabilidad. Además, los archivos están sometidos a la inspección y vigilancia de las juntas directivas de los colegios notariales y de la Dirección General competente.
El artículo 303 obliga expresamente al archivero a adoptar las medidas necesarias para conservar los documentos puestos bajo su custodia. El artículo 304 distribuye las obligaciones económicas y materiales: el Ayuntamiento debe facilitar un local apropiado; los gastos ordinarios de instalación, mantenimiento y servicio corresponden al notario archivero; y, en situaciones especiales de interés público, el Colegio Notarial puede asumir los gastos de instalación y las reparaciones extraordinarias.
La Junta Directiva del Colegio Notarial puede también inspeccionar el archivo, exigir que se corrijan los defectos detectados e incluso acordar el traslado de los protocolos cuando el local disponible no reúna las condiciones necesarias para conservarlos.
La Junta de Andalucía también tiene competencias
La Ley andaluza 7/2011 considera documentos de titularidad pública los producidos por las notarías y los registros públicos radicados en Andalucía. La misma ley establece que la custodia de documentos públicos implica la obligación de preservarlos.
Asimismo, las personas o instituciones titulares de los archivos integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía deben organizar, conservar y custodiar sus fondos, garantizar una instalación adecuada y dotarlos de medios materiales y humanos suficientes. La legislación contempla también la posibilidad de conceder apoyo técnico y económico a los archivos ubicados en Andalucía.
La Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía, aprobada en marzo, mantiene dentro del patrimonio documental andaluz aquellos documentos que posean interés histórico, social o cultural por su origen, antigüedad, valor o singularidad.
Una denuncia fundamentada, pero pendiente de diagnóstico técnico
La existencia de documentos dañados está suficientemente documentada pero no se ha localizado un informe público elaborado por archiveros, restauradores o especialistas en conservación preventiva que determine el estado de los documentos.
La propia legislación andaluza permite restringir el acceso directo a los originales cuando su estado de conservación pueda agravarse con la manipulación.
El Ayuntamiento de Marchena, el notario archivero, el Colegio Notarial de Andalucía, la Junta de Andalucía y la Administración estatal deberían aclarar públicamente qué medidas corresponden a cada institución y acordar un plan conjunto de conservación.