El Ayuntamiento de Marchena inició la pasada semana un expediente para pasar a segunda actividad de forma obligatoria a nueve agentes, un tercio de la Policía Local que están de baja, según precisa la representación sindical.
Además según esta misma fuente, les obligaron el pasado viernes y de forma apresurada a pasar por un tribunal médico de titularidad privada. Según esta fuente, los agentes no tienen obligación de pasar por dicho tribunal médico si no media incapacidad permanente o ha transcurrido el plazo establecido según ley. Por este motivo los representantes sindicales de la Policía Local tomarán las medidas legales pertinentes.
Mientras tanto los agentes afirman que la Alcaldesa sigue desprestigiando y acosando a la Policía Local y anuncian que el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto un expediente sobre el conflicto, y ha requerido la entrega de documentación sobre este conflicto.
A partir de hoy hay agentes de seguridad privada de la empresa Iris, de Arahal en la Comisaria de Policia Local de Marchena contratados por el Ayuntamiento merced a una autorización «excepcional y temporal» de la Delegación del Gobierno en Sevilla, según afirma el consistorio «siempre que el umbral de bajas de efectivos en el municipio se sitúe, en límites abrumadores» dice el Ayuntamiento.
Según el Ayuntamiento «los vigilantes privados trabajarán en coordinación y colaboración, en funciones complementarias, con los agentes de Policía Local y bajo su mando, y podrán desempeñar todas las funciones necesarias y complementarias al mando del agente, a excepción de usar arma en acompañamiento. Sí podrán usar arma para custodiar el edificio policial y su armero, dado que todos los agentes de baja están desautorizados por ley a poseer arma y se custodia en armero homologado bajo estrictas medidas de seguridad. De este modo, los agentes de seguridad privada podrán detener, vigilar, identificar, registrar, sancionar y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, siempre de forma complementaria y bajo coordinación del agente de Policía Local».
Según la representación sindical de la Policia Local la seguridad privada en la vía pública sería «una usurpación de puestos de trabajo» por lo que se plantean denunciar a los agentes de seguridad privada cuando los vean en la calle realizar labores propias de la Policía Local por «usurpación de funciones» algo estipulado en la ley con penas muy elevadas de multa y cárcel, según explican.
Además los representantes sindicales de la Policía Local exigen conocer por escrito el documento en el que la Delegación del Gobierno autoriza al Ayuntamiento el uso de agentes de seguridad privada y el documento o contrato con la empresa de seguridad privada de Arahal que se va a encargar de prestar este servicio para que queden claras cuáles serán sus funciones y en que términos se desarrollarán.
