El Ayuntamiento de Marchena vive uno de sus episodios más tensos de los últimos años. El concejal de Vox, José Carlos Delgado, ha denunciado públicamente que los grupos de la oposición. PP, PA e IU están sufriendo embargos en sus nóminas personales por parte del OPAEF (Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal), tras la reclamación de cantidades que el gobierno municipal considera no justificadas en los gastos de los grupos políticos.
La legalidad del proceso está siendo actualmente dirimida en los tribunales por lo que las partes afectadas no están realizando declaraciones al respecto. Mientras tanto el proceso administrativo sigue su curso y los concejales ya estan siendo obligados a pagar.
Según ha manifestado Delgado a través de sus redes sociales, se trata de una situación que está afectando “gravemente” a la economía y la salud de los concejales y exconcejales de la oposición, que se enfrentan a embargos mensuales en algunos casos de miles de euros. “Es una persecución sin precedentes. Hay compañeros con ataques de ansiedad, en tratamiento psicológico, destrozados emocional y económicamente”, ha asegurado.
El concejal de Vox acusa directamente al equipo de gobierno del PSOE de utilizar su posición para “silenciar cualquier voz crítica” y disuadir futuras candidaturas. “Nos quieren callar a base de miedo y ruina. Embargan las nóminas con las que los concejales pagan la hipoteca, la comida de sus hijos. No se persiguen irregularidades, se persigue a personas”, denuncia.
Fondos de grupo
El origen del conflicto radica en los fondos que los grupos municipales reciben para gastos de funcionamiento. Estos fondos están regulados por normativa y pueden destinarse, entre otros fines, al alquiler de equipos, servicios de telefonía o material de oficina, siempre y cuando no supongan una mejora del patrimonio personal.
Delgado explica que los concejales presentan las facturas correspondientes, pero que si desde intervención municipal se considera que no cumplen los requisitos, se exige el reembolso con dinero personal del edil, incluso años después. «Lo que está pasando es que ahora no se admiten facturas que antes sí se aceptaban. Y eso se traduce en embargos personales, algo inaudito», afirma.
Además, denuncia un trato desigual entre gobierno y oposición: “A nosotros se nos revisa hasta el lápiz, mientras el PSOE justifica la totalidad de sus gastos sin problemas. Ningún concejal del gobierno está afectado por estos embargos”.
Un proceso judicial en marcha
La legalidad del procedimiento está siendo revisada en sede judicial. La oposición considera que no se ha respetado el principio de seguridad jurídica, dado que se reclaman gastos ya fiscalizados en legislaturas anteriores. “Se está aplicando retroactivamente un criterio nuevo y arbitrario, con consecuencias devastadoras para quienes no tienen el respaldo del gobierno municipal”, concluye Delgado.
Un vacío legal en la normativa local
El asunto ha generado especial polémica porque, según expertos en derecho administrativo consultados, en estos casos debería aplicarse una ordenanza municipal reguladora, con criterios claros sobre el procedimiento, los plazos de justificación y la eventual responsabilidad del grupo como tal. Pero Marchena carece de una ordenanza específica para este tipo de situaciones, lo que está dando pie a interpretaciones unilaterales por parte del gobierno local.
Además, no consta ningún caso similar en España en el que se haya embargado el sueldo de un concejal por supuestos errores administrativos en la gestión de los fondos del grupo municipal, sin una resolución judicial firme ni un procedimiento sancionador previo.
Tras revisar la jurisprudencia disponible, no se ha encontrado ningún caso en España en el que se haya embargado el sueldo de un concejal de la oposición por supuestas irregularidades en la justificación de gastos del grupo municipal, sin una resolución judicial firme que lo avale.
La responsabilidad personal de los cargos públicos por la gestión de fondos públicos solo puede exigirse si se demuestra una acción u omisión que cause daño, con una relación de causalidad y un elemento de culpabilidad, como la falta de diligencia exigible, según la jurisprudencia consolidada. Noticias Jurídicas
En casos donde se han cuestionado los gastos de los grupos municipales, la jurisprudencia ha enfatizado la necesidad de procedimientos claros y la existencia de una ordenanza municipal que regule estos aspectos. La ausencia de una normativa específica puede llevar a situaciones de inseguridad jurídica y a la imposición de responsabilidades de manera arbitraria.
En el caso de Marchena, la falta de una ordenanza municipal que regule la justificación y fiscalización de los gastos de los grupos políticos, junto con la ausencia de precedentes similares en España, hace que la situación sea especialmente controvertida.
Un caso sin precedentes
No se tiene constancia de casos similares en otros municipios españoles donde se haya procedido al embargo de las retribuciones de concejales de la oposición por supuestas irregularidades en la gestión de fondos municipales, sin una resolución judicial previa. Esta situación plantea serias dudas sobre la proporcionalidad de la medida y su adecuación al principio de presunción de inocencia.
Implicaciones democráticas
El contexto de enfrentamiento político en el Ayuntamiento de Marchena añade una dimensión preocupante al caso. La oposición ha denunciado que estas acciones podrían interpretarse como un intento de criminalizar y silenciar voces disidentes, lo que atentaría contra los principios fundamentales de un Estado democrático.
La utilización de mecanismos administrativos para imponer sanciones económicas a miembros de la oposición, sin las debidas garantías legales, podría considerarse una forma de persecución política, socavando la confianza en las instituciones y debilitando el pluralismo político.