El titular del juzgado de Marchena (Sevilla) que instruye el caso del descarrilamiento de un tren en Arahal (Sevilla) el pasado 29 de noviembre, ha llamado a declarar al maquinista del convoy, dentro del proceso abierto tras la denuncia conjunta de varios de los 37 heridos.
Según explica en un comunicado el bufete sevillano Osuna, que representa a los afectados, el daño ocasionado “podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública empresarial ADIF, que se encarga de la infraestructura de nuestros ferrocarriles”.
Así, le reprocha la decisión de abrir la vía a pesar de su estado por las malas condiciones meteorológicas, “que convirtieron el terreno en un barrizal”.
“Parece ser -añade- que nunca se debió acordar que el tren marchase por la vía en las pésimas condiciones en las que se hallaba o, de hacerlo, habría que llevar una velocidad muy reducida, y ninguna de las medidas se adoptó”.
En cuanto al concepto de “fuerza mayor”, en alusión a la lluvia caída ese día, los afectados razonan que “no libra a la administración de una posible responsabilidad”, comparándolo con las inundaciones sufridas en Écija (Sevilla) en 2010, donde se condenó al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía por no mantener el arroyo en buenas condiciones.
Por este motivo, los heridos reclaman responsabilidades por la vía administrativa “por el mal funcionamiento de la Administración”, es decir, por una acción judicial no penal, que llevaría a un contencioso administrativo. Durante el proceso habrá que determinar las lesiones que ha sufrido cada viajero y cuantificarlas.
