Después de que el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), gobernado por María del Mar Romero (PSOE), haya incorporado seguridad privada para apoyar los servicios de la Policía Local ante la baja por incapacidad temporal de 23 de los 31 agentes en activo, en el marco del conflicto laboral entre tales agentes y el Gobierno local, el Sindicato Profesional de la Policía Municipal de España (Sppme) avisa de que la primer edil pretende utilizar «de forma improcedente» a una empresa de seguridad, «para funciones que son propias de su Policía Local».
Según el sindicato, la alcaldesa «persevera en su contumaz espiral de despropósitos, ilegalidades y cacicadas, que solo vienen a demostrar su incapacidad como gestora de lo público y su falta de respeto hacia todos los marcheneros», involucrando en el conflicto «a una empresa privada de vigilancia de la vecina localidad de Arahal».
«La primera edil marchenera, con esta utilización miserable de esta empresa de dudosa, como poco, validez jurídica para realizar las funciones que se le asignan, pone de manifiesto lo poco que le preocupa la seguridad de su municipio y la grave problemática jurídica que puede conducir a la empresa y a sus empleados, de persistir la prestación de esos supuestos servicios de vigilancia», indica el Sppme.
Así, mientras el Ayuntamiento esgrime que es una medida «excepcional y temporal» que se mantendrá siempre que «el umbral de efectivos de baja» alcance «límites abrumadores», el sindicato critica esta «huida hacia adelante que puede acarrear incalculables consecuencias, que van a sufrir los ciudadanos de Marchena, de las que serán únicos y últimos responsables la alcaldesa y los empleados de la empresa Iris Seguridad».
«Bien haría esta empresa en recomendar a sus empleados que las labores que desempeñen en las calles marcheneras sean adecuadas y procedentes con la legalidad vigente, y que no se presten a la manipulación interesada de alcaldesa, que solo busca salvar una coyuntura de la que sólo ella es responsable», asevera el Sppme.
En el citado conflicto laboral, en cualquier caso, el Gabinete local acusa a los agentes de incumplir los cuadrantes y de permisos injustificados, mientras ellos lo niegan, avisan de una merma de personal y han presentado su baja por depresión en la mayoría de los casos.
