En trámite la prohibición de detectores de metales, mientras se condena a cinco expoliadores de Montemolín

Cinco miembros  de una misma familia han sido condenados a dos meses y medio de cárcel por intentar expoliar el yacimiento de Montemolín en Marchena, en un caso tramitado por el Juzgado de Marchena.  Mientras tanto está en trámite en el Parlamento andaluz la prohibición de detectores de metales.

Foto de portada: Ignacio Rodríguez Temiño en la Necrópolis de Carmona.

El Juzgado de Marchena acumula tres denuncias por este motivo en los últimos años, lo que evidencia cómo la lentitud de la justicia dificulta la labor de la administración en este y otros campos, según  Ignacio Rodríguez Temiño (Conservador del Conjunto Arqueológico de Carmona), coordinador del libro «Expoliar se va a acabar» (Editorial Tirant Lo Blanc). Esta obra recoge el caso de expolio de Montemolin como paradigmático en Andalucía y ejemplo a evitar.

«El arqueólogo hace una la gran labor educativa en los colegios y con los niños»

«Por supuesto que Marchena necesitaría un arquólogo municipal. Yo voy mucho a Marchena cuando los colegios nos piden un programa educativo. Yo voy esporádicamente, pero un arqueólogo municipal podría ser y es una firgura muy importante porque dinamiza mucho la vida cultural y educativa de un pueblo».

La concienciación y el trabajo policial son las vías para luchar contra el expolio patrimonial según Rodriguez «en el juzgado de Marchena ha habido tres juicios de este tipo y se han condenado en los últimos tres años» refiriéndose al trabajo de la Fiscalía. «Hay una mayor implicación de la Justicia y eso también se refleja en este libro «Expoliar se va a acabar» ya que uno de sus autores es el Fiscal de Patrimonio y Medio Ambiente de Sevilla».

El yacimiento de Montemolín es uno los más expoliados de Andalucía desde los años 80 y tiene escasa vigilancia dada su magnitud y tampoco está vallado, ni existe actualmente ningún plan de intervención, estudio o excavación a pesar de estar declarado Bien de Interés Cultural dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Rodríguez destacó que «está prohibido el uso no autorizado de los detectores de metales, no solo en las zonas arqueológicas sino en todo el terreno».  En España hay alrededor de 3.000 detectoristas, lo cual es poco comparado con otros países, (40.000 en Gran Bretaña) «pero son muy pertinaces».

Los ahora condenados son tres hermanos y otros dos familiares sorprendidos a las 21:50 del 19 de septiembre de 2016 a bordo de un vehículo y que hasta ahora no han sido condenados por el retraso de la justicia.  Se les condena a  dos meses y 15 días de prisión que se sustituye por cinco meses de multa con cuota diaria de seis euros (900 euros) tras ser pillados por la Guardia Civil a dos kilómetros del yacimiento tartésico con detectores de metales y azadas en el maletero del coche.

Desde que a finales de los 70 un peluquero de Lantejuela que trabajaba en la base de Morón popularizara en Sevilla provincia el uso de los detectores de metales para buscar tesoros enterrados, la palabra expolio arqueológico ha estado ligado a Montemolín.

«No necesitamos medios extraordinarios» basta con aplicar el código penal «y que el aparato del Estado funcione», indica Ignacio Rodríguez. «Una justicia rápida y una acción administrativa decidida son fundamentales por ejemplo en Andalucia se va a prohibir el uso de detectores de metales y esta medida nos pone a la cabeza de Europa en lucha contra el expolio, junto con Italia somos los unicos en Europa en tener una policia dedicada al patrimonio, el Seprona» señala.

La Junta de Andalucía tramita actualmente una reforma de la  ley de Patrimonio Andaluz para prohibir totalmente el uso de detectores de metales en Andalucía que está pendiente de ser aprobado. El posible cambio de gobierno puede suponer un cambio en este sentido pero puede salir adelante si hay voluntad de consenso entre los grupos politicos.

«Un trabajador español de la base de Morón vió como los militares americanos usaban los detectores para buscar puntas de flecha, y se hizo representante de la empresa que fabricaba los detectores en España a finales de los 70. Alquilaba los detectores a cambio de quedarse con algunas piezas. Gente de toda Europa venían aquí a comprar piezas» explica González.

Según Jacobo Vázquez Paz  responsable del equipo de arqueólogos que excavó en El Lavadero «En Marchena debería haber un Arqueólogo municipal no solo para el pueblo, sino para su término municipal que es uno de los más grandes de Andalucía, en donde hay doscientos yacimientos, y así se controlaría el territorio, las zanjas que se vayan a hacer para canalizaciones. De esta forma el Ayuntamiento controlaría que las obras que se vayan haciendo lleven su impacto arqueológico si es necesario».