Expulsan de la carrera al funcionario judicial que pasaba información a contrabandistas
José Antonio Suárez López
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha ordenado la pérdida de la condición de funcionario de carrera de J.A.R.A., condenado en sentencia firme por pasar información a contrabandistas de tabaco cuando trabajaba en el juzgado de primera instancia e instrucción 2 de Marchena informa Diario de Sevilla.
Se establece que la condición de funcionario se pierde «por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme». «Este Ministerio, en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 494 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda: Declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera de J.A.R.A., con efectos del día de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado. Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo».
La orden apareció publicada en el BOE del 3 de junio tras ser declarada firme la sentencia del juzgado de lo penal 13 de Sevilla contra 18 personas, entre ellas este funcionario del cuerpo de tramitación procesal y administrativa condenado por revelación de secretos a multa e inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de tres meses.
El 6 de noviembre de 2019 del Juzgado de lo Penal n.° 13 de Sevilla, en Procedimiento Abreviado número 382/2017, procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.° 2 de Marchena condena a J.A.R. A., funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, como autor penalmente responsable de un delito de revelación de secretos a las penas, entre otras, de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres meses.
El juicio contra todos los acusados -procedentes de diferentes pueblos de la Campiña, así como de Cádiz y Sevilla capital- no llegó a celebrarse porque todos reconocieron el delito a cambio de una rebaja de las condenas.
Los acusados pertenecían al clan de los Constructores, el clan del Lechuga y el clan del Canijo, a los que la Guardia Civil incautó en 2012 mas de 120.000 cajetillas de tabaco que hubieran alcanzado en el mercado ilegal un valor de 474.000 euros.
El funcionario trabajaba en el juzgado de Marchena encargado de instruir la causa y dio aviso a los contrabandistas de que se iba a producir la inminente entrada y registro en varios de sus domicilios, información que conocía por razón de su trabajo.
También proporcionaba información a los letrados de los acusados sobre su situación tras ser imputados y sobre otras partes personadas.
Los contrabandistas aceptaron tres meses de prisión y multa de 470.000 euros, y además siete de ellos fueron sentenciados por otro delito de asociación ilícita a seis meses y otros diez a tres meses de cárcel.
La resolución del BOE precisa que la condición de funcionario se pierde, según la ley, “por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la sentencia sea firme”.
