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Firmado el nuevo convenio colectivo del sector de industrias de panadería de Sevilla

Firmado en el CARL el nuevo convenio colectivo del sector de industrias de panadería de Sevilla.  Paralizado desde 2019, FEPAN, UGT y CCOO alcanzan un acuerdo que afecta a 3.500 trabajadores de 300 empresas. 

La Federación de Fabricantes de Pan de Sevilla y Provincia (FEPAN), junto con los sindicados UGT y CCOO, han firmado en el ámbito del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), órgano adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, el convenio laboral del sector de industrias de panaderías y expendedurías de pan, que afecta a aproximadamente 3.500 trabajadores de 300 empresas de la provincia de Sevilla.

Esta firma supone el fin al bloqueo del convenio colectivo del sector, paralizado desde
el año 2019, gracias a unas negociaciones desarrolladas en el CARL por las que se ha
llegado a un nuevo convenio cuyo ámbito temporal será de 2020 a 2026 y en el que se
establecen incrementos salariales y se regula el contrato fijo discontinuo de acuerdo
con la última reforma laboral dando garantías en los llamamientos.

El presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, José Manuel Gómez, presente en la firma del nuevo convenio, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado, agradeciendo tanto a la asociación empresarial como a los trabajadores su implicación y su trabajo por resolver la situación, apostando por el diálogo y el entendimiento, “máxime tratándose de un servicio básico y esencial para la ciudadanía”.

La firma del nuevo convenio de este sector se produce en el CARL gracias a su Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva, que posibilita el encuentro entre las partes en conflictos laborales y contribuye al desenvolvimiento pacífico de las relaciones laborales y a la gestión normalizada de la conflictividad laboral.

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales integra a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. Este sistema tiene un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución.