Marchena no figura entre los municipios beneficiarios de las compensaciones económicas vinculadas a la Base Aérea de Morón, según la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de abril de 2026, que reparte tres millones de euros entre localidades afectadas por servidumbres militares. La decisión, lejos de responder a un criterio de proximidad geográfica, se fundamenta en parámetros técnicos que determinan qué municipios soportan realmente las limitaciones derivadas de la actividad de la base.
Entre los municipios limítrofes, las cuantías varían en función de la población y la afección técnica. Alcalá de Guadaíra percibe 207.134 euros y Utrera 140.104 euros, mientras que Carmona recibe 159.337 euros y Morón de la Frontera 143.371 euros. En el tramo de menor población, Montellano obtiene 37.052 euros, Paradas 35.629 euros, El Coronil 24.549 euros y Los Molares 19.280 euros.
El municipio de Arahal percibirá en 2026 un total de 680.418 euros en concepto de compensación por la presencia de la Base Aérea de Morón en su término municipal, según la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda. Se trata de la mayor cuantía del reparto al tratarse del municipio sede de la instalación militar.
El reparto distingue entre municipios sede —como Arahal, donde se ubica íntegramente la instalación— y municipios limítrofes que acreditan una afección directa. En este segundo grupo se incluyen Carmona, Paradas o Morón de la Frontera, que reciben fondos en función de su población y del impacto reconocido sobre su territorio. Marchena, pese a compartir frontera con algunos de estos términos, queda fuera al no estar incluida en las zonas de servidumbre aeronáutica ni en los mapas oficiales de ruido.
La normativa que sustenta este sistema se remonta a la Ley de zonas de interés para la Defensa Nacional de 1975, que establece limitaciones sobre el uso del suelo, la edificación o determinadas actividades económicas en áreas próximas a instalaciones estratégicas. Estas restricciones generan una “carga pública” que el Estado compensa a través de los Presupuestos Generales. Sin embargo, la clave está en demostrar esa afección: no basta con la cercanía, sino que es necesario acreditar perjuicios concretos, como limitaciones urbanísticas o impacto acústico.
Desde 2024, además, el modelo ha evolucionado hacia un sistema de subvención condicionada, que obliga a los ayuntamientos a justificar técnicamente el destino de los fondos y los servicios prestados en relación con la base. Este cambio ha reforzado el peso de la gestión municipal. Municipios como Arahal han desplegado una estrategia activa, documentando el coste de los servicios y el lucro cesante por exenciones fiscales, lo que les ha permitido consolidar e incluso aumentar las ayudas.
En el caso de Marchena, los informes disponibles apuntan a una afección mínima o inexistente desde el punto de vista técnico. La distancia respecto al núcleo operativo de la base y la ausencia de impacto significativo en los mapas de ruido debilitan la justificación para acceder a estas compensaciones. A ello se suma la falta de evidencias públicas de una estrategia institucional orientada a reclamar su inclusión en el reparto.
El análisis sugiere que, para optar a futuras ayudas, el Ayuntamiento de Marchena debería acreditar mediante estudios específicos posibles limitaciones derivadas de las servidumbres militares, así como cuantificar el impacto indirecto en sus servicios públicos o en su desarrollo urbanístico. También sería clave su participación en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, donde se define el listado de municipios beneficiarios.
Mientras tanto, la Base de Morón continúa ejerciendo una influencia económica en la comarca, especialmente en términos de empleo, que alcanza también a vecinos de Marchena. Sin embargo, ese impacto indirecto no se traduce, por ahora, en compensaciones económicas para el municipio, al no cumplir los criterios técnicos exigidos por Hacienda.