Los acusados contaban con un cultivo de casi 400 plantas en Marchena y habrían distribuido la droga a más de 300 personas. Imagen de Archivo.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado hoy lunes un juicio, contra cuatro acusados de suministrar cannabis a más de 300 personas en un local de la céntrica calle Bustos Tavera de la ciudad hispalense que funcionaba como asociación de consumo privado de cannabis, desde la cual habrían vendido la droga a personas que acreditaban directamente como socios de la entidad.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, tres de los acusados «en connivencia y a sabiendas de que carecían de autorización administrativa para el cultivo de cannabis», como dirigentes de la junta directiva de una asociación «decidieron promover un auto cultivo» y así lo aprobaron, contando con el cuarto acusado, A.J.d.C., como «socio cultivador» y encargándole tal misión.
«TERCERAS PERSONAS A CAMBIO DE PRECIO»
Así, y supuestamente sin autorización alguna, «establecieron una plantación» interior de cannabis dirigida por A.J.d.C. en una finca de Marchena, encargándose el citado acusado de dicho cultivo mediante fondos de la asociación, toda vez que el cannabis allí cultivado era distribuido a «terceras personas a cambio de precio» en el local de la asociación de la calle Bustos Tavera de Sevilla capital, siempre según la Fiscalía.
El 4 de diciembre de 2017, según el escrito de acusación, fue acometido un registro policial en la citada finca de Marchena, siendo localizadas 395 plantas, así como «cogollos secos», cantidades de droga que habrían alcanzado un precio aproximado de 45.000 euros en el mercado ilícito de estupefacientes, explica el Ministerio Fiscal.
VENTA A MÁS DE 300 PERSONAS
Según la Fiscalía, «los acusados facilitaban el consumo de cannabis a todas aquellas personas que acudían a la sede de la asociación para proveerse de la sustancia, previamente asociados en cada caso con la anotación de sus datos personales, exigiendo sólo, en contraposición a los estatutos, el carné de identidad, sin que conste que acreditasen ser consumidores o tener tratamiento médico avalado», resume la Fiscalía, señalando que todo ello estaba sometido a un precio y que los encartados «llegaron a abastecer por tal procedimiento a más de 300 socios».
Dado el caso, la Fiscalía detecta un delito contra la salud pública y dos delitos de asociación ilícita, reclamando para M.B.S. cuatro años y medio de cárcel más multas; y para F. C.P., N. A. y A.J.d.C. cuatro años de prisión y multas.
