La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en la Mancomunidad Campiña 2000, -según publica hoy ABC, igual que ya ha sucedido en las de Estepa, Aznalcóllar y Bajo Guadalquivir. Un presunto fraude de comisiones ilegales, que afecta a «concejal de Marchena y Puebla de Cazalla» y que según indica ABC citando fuentes de empresarios que participaron e la trama «podría superar el millón de euros».
La Policía Judicial, por orden de la Fiscalía deberá comprobar «una supuesta extorsión a los contratistas para pagar comisiones a determinados políticos de la zona a cambio de mantener sus contratos» según publica Alberto García Reyes en ABC, después de que una subcontrata haya denunciado los hechos a la Fiscalía y se haya iniciado investigación.
El responsable de la planta, que fue destituído hace más de un año, está procesado también por un caso similar en la mancomunidad de Utrera y la Fiscalía le pide cinco años y medio de cárcel, pero debido a la lentitud de la justicia este anterior caso aún no se ha sentenciado. De la planta de Utrera pasó a trabajar para la de Marchena.
ABC habla de facturas falsificadas «de supuestos servicios de tratamiento», dinero que se destinaba a «mordidas para concejales, compra de dádivas, t la prestación de servicios estrictamente personales a políticos de la zona». Además este periódico afirma que un empresario «entregaba sobres de 10.000 euros a una concejal en el centro comercial Nervión Plaza».
Las pruebas aportadas son abundantes, tales como grabaciones, libros de contabilidad, o «vídeos en los que se aprecia que el trabajo contratado no se hacía» indica el diario sevillano. Las comisiones ilegales que según ABC se pagaban en dicha mancomunidad a políticos de la Mancomunidad Campiña 2000, no solo era de dinero en metálico. También había «jamones, viajes, ordenadores, móviles, vinos».