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Tres meses de multa para el Guardia Civil que pasaba información a las redes de contrabando de Marchena

La Audiencia de Sevilla ha condenado a Francisco J. G. P., Guardia Civil del puerto de Cádiz acusado de colaborar con una red de  contrabandistas con ramificaciones en Marchena pasando información sensible a la red de contrabandistas e «impidiendo continuar al dispositivo policial con sus actuaciones» según la Fiscalía dentro de la operación platanera desarrollada en 2012 entre Marchena y Canarias.

Según ABC la pena impuesta tras el juicio celebrado en Febrero ha sido de tres meses de multa a razón de cuatro euros diario e inhabilitación especial para cargo público o empleo durante tres meses y pese a que la Fiscalía le pedía dos años de cárcel, la Audiencia Sevilla ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas, por el retraso de diez años con que ha sido juzgado el caso. También ha sido  inhabilitado para cargo público o empleo durante tres meses.

La Guardia Civil desmanteló en enero de 2012 una de contrabando de tabaco con la incautación de 123.500 cajetillas. En el operativo intervinieron 100 agentes y se practicaron 15 registros. El pasado Junio fueron condenados 17 personas de esta red en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. El ministerio público sostiene que el Guardia Civil hizo llegar la información a los dos cabecillas de la organización criminal.

Los contrabandistas aceptaron tres meses de prisión y multa de 470.000 euros, y además siete de ellos fueron sentenciados por otro delito de asociación ilícita a seis meses y otros diez a tres meses de cárcel. Además un funcionario judicial fue expulsado de la carrera judicial.

Dentro de esta trama las redes más importantes estaban en Marchena y Los Molares. Además, cualquiera de los miembros de la organización vendían a su vez a minoristas. Hubo 15 mandamientos de entrada y registro en las localidades de Los Molares, Utrera, Umbrete, Paradas, Marchena, Carmona y Dos Hermanas participando 100 guardias civiles.

El Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla había condenado en un juicio previo a dieciocho personas relacionadas con la red de contrabando de Marchena que introducía tabaco de forma ilícita desde Santa Cruz de Tenerife a Sevilla por unos hechos acaecidos en 2011, con registros domiciliarios el 17 de enero de 2012, cuando una operación policial logró desmantelarla.  En esta operación se intervinieron 20.000 cajetillas de tabaco valoradas en 470.000 euros.

Los otros condenados

El «Clan de los Constructores», liderado por R.G.A. y J.A.B.A., eran los responsables de introducir tabaco canario en Sevilla provincia ilícitamente que distribuían los transportistas  I.C.C., E.P.M. y F.V.G. Repartían el tabaco ilegal entre otros grupos de Marchena y comarca como el clan del Lechugo  J.A.A.C.,  J.L.M. y J.L.M., R.S.S. y J.P.R «Clan del Canijo», y Clan del Patillas.

El resto de los 17 acusados por contrabando de tabaco, entre ellos un funcionario del Juzgado de Marchena, fueron condenados por una sentencia firme del juzgado de lo Penal 13 de Sevilla en 2020. El juicio no llegó a celebrarse porque todos reconocieron el delito a cambio de una rebaja de las condenas.

Los acusados pertenecían a varios clanes del contrabando de tabaco conocidos como los Constructores, el clan del Lechuga y el clan del Canijo, a los que la Guardia Civil incautó en 2012 mas de 123.500 cajetillas de tabaco que hubieran alcanzado en el mercado ilegal un valor de 474.000 euros.