El fraude del reciclaje que actualmente afecta varias plantas de la provincia de Sevilla «no puede llevarse a cabo sin connivencia de los alcaldes que componen las mancomunidades afectada» según publica en el día de ayer el diario ABC en un artículo de Alberto García Reyes citando un texto de la Fiscalía.
ABC señala a las mancomunidades como entes opacos «a partir del cual ya se diluyen la capacidad de fiscalización tanto del propio gobierno de la entidad come los partidos de la oposición», lo que se repite según este diario en las plantas de Aznalcóllar o Marchena.
En cuanto a la Mancomunidad Campiña 2000 de Marchena y otros 17 pueblo de la comarca los ayuntamientos dirigen la institución «pero la gestión diaria de la planta le lleva a cabo una empresa externa en este caso Urbaser. Los sobrecostes y facturas falsificadas en este caso pertenecen a proveedores pero los fondos con los que se lleva a cabo toda esta actividad proceden de las cuotas de los municipios» indica ABC.
«La clave está en que en las mancomunidades no hay fiscalización de la oposición porque sus órganos directos solo están formados por personas designadas por los gobiernos de los municipios miembros» según ABC.
El caso más avanzado es el de Estepa donde la Fiscalía pide la apertura de juicio oral contra el Alcalde de Casariche y otros implicados, después de que un juzgado haya desestimado provisionalmente la causa.
Basilio Carrión, Alcalde Casariche y presidente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur entre 2014 y 2019 está investigado por delitos de prevaricación. malversación y fraude, aunque el Juzgado ha archivado provisionalmente esta causa en Mayo de 2021 pero la Fiscalía pide ahora en un escrito que se reabra por la implicación fundamental de los Alcaldes en la trama.
El Alcalde de Casariche está investigado por delitos de prevaricación, malversación y fraude en la Mancomunidad Estepa Sierra Sur.
La Fiscalía solicita en un escrito que se abra juicio oral contra todos los investigados en el fraude de reciclaje de Estepa incluido el Alcalde de Casariche como responsable de la ausencia de procedimiento administrativo previo a la adjudicación, ausencia de intervención de órganos del Consorcio para la aprobación de los contratos de arrendamiento y posición relevante del presidente por las funciones propias de su cargo. Además el alcalde de Casariche avaló ante las entidades bancarias la solvencia de la empresa pantalla.
La Mancomunidad de Estepa externalizó el servicio a una empresa propiedad del Interventor, sin concurso público, le cedió camiones y le pagaba una cuota mensual.
En diciembre de 2015 el Alcalde de Los Corrales, Manuel Herrera logró autorización del resto de Alcaldes para externalizar el servicio de recogida de basura a una empresa pantalla, propiedad del interventor cuya contratación se hizo «al margen de todo concurso» público «sin ningún procedimiento de contratación, ni publicidad realizándose una adjudicación directa a favor de la empresa» lo que «requiere de la participación directa de los responsables públicos» según escrito de la Fiscalía presentado ante el juez de Instrucción número 2 de Estepa.
En 2016 los alcaldes firmaron un convenio con la empresa cediéndole tres camiones y la gestión de los residuos en la comarca. La Fiscalía recuerda que este contrato está firmado por el presidente del Consorcio y alcalde de Casariche Basilio Carrión. Gracias a este acuerdo el consorcio pagaba a la empresa subcontratada 10.890 € mensuales por los tres camiones que a su vez procedían de los pueblos mancomunados. La empresa ingresaba 1,2 millones al año de los Ayuntamientos. Posteriormente se transferían los vehículos a la empresa por el irrisorio precio de 181 €. Según la Fiscalía es algo imposible de ejecutar sin la complicidad de los alcaldes.
