Las asociaciones de madres y padres de alumnos agrupadas en la Asociación Flama de Marchena han iniciado una recogida de firmas para reclamar a la Junta de Andalucía la creación de una nueva unidad de Infantil de 3 años en los colegios públicos del municipio, ante la falta de plazas suficientes para atender toda la demanda registrada este curso.
Según los datos aportados por la plataforma, la oferta actual en los centros públicos de Marchena es de 132 plazas, mientras que las solicitudes presentadas ascienden a 136, dejando al menos a cuatro menores sin posibilidad de acceder inicialmente a la enseñanza pública elegida por sus familias.
La reivindicación surge además en un contexto marcado por la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula en 3 años, una medida implantada este curso por la Junta de Andalucía. Desde Flama consideran que, aunque parte del alumnado podría ser reubicado en otros centros con vacantes, la situación seguirá siendo insuficiente especialmente teniendo en cuenta la llegada durante el curso de familias temporeras que también deben ser escolarizadas.
Las AMPAs sostienen que abrir una nueva línea permitiría mantener las ratios actuales y mejorar la calidad educativa en unas aulas que consideran ya muy cargadas para niños de tan corta edad. También defienden el derecho de las familias a la libre elección de centro, recordando que Marchena funciona desde hace años como distrito único escolar.
Durante la comparecencia pública, varias familias afectadas mostraron su preocupación por verse obligadas a matricular a sus hijos en centros que no responden a su modelo educativo deseado, especialmente en relación con la elección entre enseñanza pública y concertada.
La recogida de firmas se está realizando tanto en formato físico, a través de hojas repartidas por los distintos centros educativos, como mediante una campaña online difundida por redes sociales y grupos vecinales. El escrito será remitido a la Delegación Territorial de Educación en Sevilla junto a las firmas recopiladas.
Desde Flama aseguran que, por el momento, la Delegación no ha rechazado la petición y confían en que la administración estudie la situación antes de cerrar definitivamente el proceso de escolarización.