El nuevo Decreto andaluz de Autoprotección y Prevención de Riesgos, anunciado por la Junta de Andalucía, situará a los ayuntamientos en el centro de la estrategia de seguridad ciudadana. La norma, pionera en España, obligará a los municipios a reforzar sus planes de emergencia y a integrarse plenamente en el sistema 112 a través del Plan Integral de Gestión de Emergencias (PIGEA), con una inversión de 17 millones de euros.
Con esta medida, todos los consistorios, incluidos los de menor tamaño, podrán gestionar emergencias mediante una aplicación para móviles y tabletas, lo que facilitará la coordinación inmediata con la Junta y con los cuerpos de seguridad y emergencias.
El decreto introduce además el registro telemático obligatorio de los planes de emergencia locales, lo que permitirá a la administración autonómica acceder en tiempo real a la planificación de cada municipio. También se exigirá a los ayuntamientos garantizar medidas de seguridad en eventos públicos, fiestas o espectáculos, asegurando la existencia de salidas de emergencia, vías de evacuación y puntos de encuentro.
Especial atención recibirán las romerías y peregrinaciones con más de cien personas o recorridos superiores a diez kilómetros, que deberán contar con un plan de autoprotección. Los consistorios tendrán la responsabilidad de coordinar estas medidas con hermandades y colectivos locales.
La norma afectará igualmente a la planificación urbanística, ya que se establece la obligación de planes de autoprotección en edificios con más de nueve plantas, cuya supervisión recaerá en las corporaciones locales.
El decreto incluirá un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Los ayuntamientos deberán ser más estrictos en la autorización de eventos y en la vigilancia del cumplimiento de la normativa.
Además, los consistorios participarán en campañas de concienciación ciudadana, en colaboración con RTVA y otros medios, y en la difusión de las guías educativas del 112 destinadas a los escolares.
Con este marco, la Junta convierte a los ayuntamientos en la primera línea de prevención y autoprotección, obligándolos a modernizar sus estructuras y a asumir un papel protagonista en la seguridad de la ciudadanía.