La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha comunicado a CGT que no ha «obtenido respuesta» de las solicitudes de información cursadas a diferentes instancias de la Junta de Andalucía, ante la queja de CGT sobre el caso del exdirector económico financiero del Área de Gestión Sanitaria de Osuna dimitido tras detectar la Oficina Andaluza de Antifraude irregularidades en su gestión, toda vez que el sindicato señala que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha «fabricado de nuevo un puesto de responsabilidad exclusivamente» para este hombre.
En un escrito de fecha 11 de octubre, la Oficina del Defensor del Pueblo da cuenta al sindicato que ante su queja, ha dirigido solicitudes de información a la Presidencia de la Junta, la Consejería de Presidencia e Interior, la Consejería de Salud y la dirección del SAS; sin haber «obtenido respuesta» aún, con lo que el departamento de Maeztu les ha remitido «nuevo escrito» con su requerimiento.
Recordemos que en una carta abierta dirigida al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, el área comarcal de CGT correspondiente a la Sierra Sur de Sevilla rememoraba recientemente la resolución de la Oficina Andaluza Antifraude derivada de sus denuncias sobre «corrupción en el área sanitaria de Osuna».
Dicha resolución fue emitida el pasado 13 de julio y recibida por las partes el pasado 18 de julio, el mismo día en el que el director económico-financiero del Área Sanitaria de Osuna, Casto Ortiz Montaño, dimitía de su cargo esgrimiendo «motivos personales».
El documento de la Oficina Andaluza Antifraude fue fruto de la denuncia de «irregularidades» realizada, entre otros actores, por el sindicato CGT, sobre un «fraccionamiento de contratos, procesos selectivos y cobro de nóminas complementarias», extremos todos ellos atribuidos al director económico-financiero del Área Sanitaria de Osuna. «INDICIO DE POSIBLES RETRIBUCIONES INDEBIDAS»
En ese sentido, la resolución de la Oficina Andaluza Antifraude, recogida por Europa Press, aprecia «indicios de posible infracción de retribuciones indebidas para el caso de no poder justificar la realización de esos turnos nocturnos, festivos o rotatorios», avisando de que «no consta» que el SAS aportase en el trámite de alegaciones documentación alguna que probase la realización efectiva de tales turnos como base de las retribuciones cobradas por Casto Ortiz, toda vez que pesan los testimonios de nueve empleados según los cuales el ya dimitido director económico-financiero no habría realizado tales turnos pese a cobrar por los mismos.
La resolución atisba además una «presunta falsedad» en la documentación del periodo trabajado esgrimido por este hombre para concurrir al proceso selectivo gracias al cual obtuvo una plaza de auxiliar administrativo, además de que habría sido «designado para el puesto provisional de jefe de grupo (…) antes de la finalización del plazo de presentación se solicitudes»; así como una posible actuación de este ex directivo en un «fraccionamiento» adrede de unos trabajos de pintura en el hospital de Osuna en contratos menores, incluso cuando se trataba de aspectos abarcados por un contrato adjudicado tiempo atrás a Ferrovial para el mantenimiento general de este centro.
LA SALIDA DEL GERENTE
La carta de CGT rememoraba además que en agosto, Celso Ortiz era «cesado» como gerente del área sanitaria de Osuna, pesando al respecto una resolución de 11 de agosto de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anunciaba una convocatoria pública para cubrir el puesto de trabajo de carácter directivo de la Gerencia de Área en el Área de Gestión Sanitaria Osuna.
Este relevo, emprendido apenas un mes después del controvertido asunto del director económico financiero, respondía según el Gobierno andaluz al «proceso de renovación habitual de equipos directivos de los centros sanitarios del SAS».
Al respecto, CGT señalaba en su carta abierta a Juanma Moreno que «el corrupto Casto Ortiz Montaño tenía y tiene la complicidad de Celso Ortiz, así como los apoyos por escrito y públicos del director médico Ronchel y de la directora de Enfermería Malpartida».
«CON EL MISMO DESPACHO»
Y especialmente, el sindicato criticaba que «tras su dimisión que no cese, Casto Ortiz Montaño, a su vuelta al trabajo en el hospital», vuelve a contar «con el mismo despacho y cargo intermedio que le han dado cada vez que ha sido destituido», pues ahora es «de nuevo jefe de servicio».
Según el sindicato, el SAS ha optado por «fabricar de nuevo el mismo puesto de responsabilidad al que siempre vuelve cuando cesade otro cargo, el de jefe de Servicios Administrativo de Gestión y Desarrollo Profesional, un puesto que jamás ha sido ejercido por ningún otro trabajador y que es exclusivo para Casto Ortiz Montaño». «Si accede a un cargo superior, se anula dicho puesto y si lo cesan, se le vuelve a dar», criticaba CGT alertando de que no pesa ninguna convocatoria pública de dicho cargo y que esta persona podría contar ahora incluso con «más poder».
Dado el caso, CGT alertaba a Juanma Moreno y a «todos los demás que conocen las denuncias y están en poder de las pruebas incriminatorias que no dan lugar a duda alguna, de que se convertirán en cómplice de todo lo ocurrido si no toman medidas» para revertir esta situación.
Especialmente, el sindicato lamentaba que tras sus escritos y denuncias alertando tiempo atrás de esta situación, ni Juanma Moreno, ni Miguel Ángel Guzmán Ruiz como gerente del SAS; ni Jesús Aguirre como anterior consejero de Salud y actual presidente del Parlamento Andaluz; ni Elías Bendodo, anterior Consejero de Presidencia, ni la entonces presidenta del PP Virginia Pérez; «y sobre todo Catalina García», entonces viceconsejera y actual consejera de Salud, hayan sido «capaces de destituir a un ladrón y corrupto», sobre el que pesa la mencionada resolución de la Oficina Antifraude pero de momento no sentencias judiciales.