El Pleno Municipal de Marchena ha aprobado la autorización a la alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar, para emprender acciones judiciales contra la Mancomunidad Intermunicipal Campiña 2000, tras la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos. La decisión se basa en que dicha modificación supone un aumento considerable de los costes para los vecinos de la localidad.
Un incremento del 50% al 70% en la tasa de residuos
Según lo expuesto en el pleno, el nuevo régimen tarifario, aprobado definitivamente el pasado 26 de diciembre de 2024 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 30 de diciembre, incrementa significativamente la tasa de residuos urbanos. De acuerdo con los datos presentados, la cuota semestral pasaría de 23 euros a 37,63 euros, lo que representa un incremento del 63%, elevando la cuota anual de 46 euros a 75 euros.
Postura de los grupos políticos
Desde Izquierda Unida, su portavoz destacó que, aunque el grupo no cuenta con representación en la mancomunidad, mantienen contacto con municipios afectados y han estado al tanto de los debates previos. Mostraron su apoyo a la propuesta del Ayuntamiento y celebraron que se tome una postura firme para defender los intereses de los marcheneros.
Por su parte, el equipo de gobierno subrayó que la subida es desproporcionada y que, aunque entienden la necesidad de ajustes, el incremento no puede recaer de manera tan gravosa sobre los ciudadanos. La intención del Ayuntamiento es recurrir la medida legalmente y estudiar alternativas que permitan un ajuste más razonable en las tarifas.
Acciones legales y próximos pasos
El acuerdo plenario faculta a la alcaldesa para presentar un recurso judicial contra la aprobación de la ordenanza y realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de los intereses del municipio en esta cuestión. Además, se espera que otros ayuntamientos pertenecientes a Campiña 2000 tomen posiciones similares ante el impacto económico que esta modificación supone para sus vecinos.
La medida, respaldada por todos los grupos políticos municipales, refleja un rechazo unánime a la nueva ordenanza fiscal, cuyo impacto podría afectar directamente al bolsillo de las familias marcheneras en los próximos meses.
Cambio de liderazgo y subida de tasas
Hasta 2023, la responsabilidad en la gestión de Campiña 2000 recaía en la concejala marchenera Teresa Jiménez. La presidencia pasó al alcalde de Morón de la Frontera en 2023, quien apenas unos meses después de asumir el cargo ha promovido un drástico aumento en las tasas de tratamiento y reciclaje de residuos.
Lo llamativo de esta decisión es que supone un postura contraria entre el consistorio marchenero y el alcalde de Morón de la Frontera, compañero de partido de la alcaldesa marchenera en el PSOE, quien preside ahora la mancomunidad y ha impulsado esta controvertida subida.
Vox señala a la anterior gestión de Campiña 2000
El portavoz de Vox en el pleno municipal cargó duramente contra la gestión previa de Campiña 2000, que estuvo bajo la responsabilidad de Teresa Jiménez, concejala socialista de Marchena, y el hijo del alcalde de La Puebla de Cazalla. El concejal acusó a la anterior dirección de la mancomunidad de ser responsable del deterioro financiero y de las irregularidades que han desembocado en la actual subida de tasas.
«Ahora ustedes vienen aquí a pedirnos el voto para demandar al nuevo presidente de la mancomunidad, pero la anterior gestión no tiene ninguna culpa de esto, ¿verdad? No tienen ninguna autoridad moral para plantear este juicio cuando ustedes mismos son responsables de lo que ha ocurrido».
Postura de la alcaldesa: «Las acusaciones son falsas»
Romero Aguilar aseguró que la denuncia interpuesta contra la anterior gestión de Campiña 2000 ha sido desmontada y el denunciante ya ha sido llamado a declarar por la justicia, aunque aun no se ha aclarado judicialmente lo sucedido en la Mancomunidd Campiña 2000 en el anterior mandato.