El Ayuntamiento de Marchena celebró hoy un pleno extraordinario y urgente para aprobar, por unanimidad, el inicio del procedimiento destinado a imponer sanciones por demora a la empresa Arcobeltia Construcciones S.L., adjudicataria del contrato de obras para la recuperación de la antigua cárcel como futura sede del Museo.
La Corporación también acordó inadmitir la solicitud de ampliación de plazo presentada por la empresa al considerar que llegó fuera del plazo legal, mientras se tramita de forma simultánea la determinación técnica de un nuevo calendario que garantice la finalización de la actuación dentro de los plazos de la subvención vinculada.
La Secretaría municipal detalló que se acordaba la tramitación simultánea del expediente de penalidades por demora (202610) y el de ampliación del plazo de ejecución (202611), acumulándose ambos en el seno del primero “atendiendo a los principios de celeridad y simplificación administrativa”.
El acuerdo aprobado contempla, en segundo lugar, “inadmitir a trámite” la solicitud de ampliación de plazo presentada por Arcobeltia Construcciones S.L. al haberse registrado fuera del plazo legalmente establecido. En paralelo, el Pleno acordó incoar el procedimiento para decidir si procede la imposición de penalidades por demora al contratista.
Además, se aprobó notificar el inicio del expediente tanto a la adjudicataria como a la avalista, Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía (SGR), otorgando a ambas un trámite de audiencia de 10 días hábiles para presentar alegaciones y la documentación que consideren pertinente.
El Ayuntamiento requerirá igualmente a la empresa que aporte, en un plazo improrrogable de tres días hábiles, un programa de trabajo actualizado y detallado que garantice la completa ejecución de la obra conforme a los plazos asociados a la subvención, con el fin de que el órgano de contratación pueda determinar técnicamente el nuevo plazo de prórroga “necesario para asegurar la plena efectividad del contrato y la salvaguarda de los fondos públicos afectados”.
La propuesta incluye también la solicitud de informes de los servicios municipales sobre las alegaciones que se presenten y sobre la causa de la demora advertida, así como un informe de Tesorería en relación con pagos pendientes y, en su caso, las garantías presentadas por el contratista. El acuerdo se comunicará asimismo al responsable del contrato y a la dirección de obra.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Izquierda Unida expresó su respaldo a la medida al entenderla como “consecuencia legal” de la situación administrativa del contrato y subrayó que la empresa debió solicitar la ampliación “en tiempo y forma”. En términos similares se pronunció el portavoz de Unidos por Marchena, que calificó el expediente de “peleagudo” por las circunstancias, pero defendió que el contrato y la normativa aplicable contemplan la aplicación de penalidades por incumplimiento de plazos, y mostró el deseo de que la obra pueda finalizarse para su recepción y disfrute por la ciudadanía.
La alcaldesa, por su parte, recordó que el plazo de ejecución fue un criterio de valoración en la licitación, lo que obliga a motivar especialmente cualquier prórroga. Explicó que ya se concedieron prórrogas anteriores por modificaciones del proyecto vinculadas a cuestiones de cimentación y estudios geotécnicos, pero situó el escenario actual en la fecha límite del último plazo y en el riesgo de que la obra no concluya dentro del calendario de la subvención, advirtiendo del impacto económico que tendría para el municipio. También precisó que la petición de ampliación de plazo llegó con días de retraso respecto a la fecha en la que, según se expuso en el pleno, debió haberse solicitado, lo que activa la aplicación de penalidades “por ley”.