El 2 de enero de 1481, los primeros inquisidores de Sevilla, fray Miguel de Morillo y fray Juan de San Martín, fulminaron un edicto contra los grandes señores —entre ellos Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena y marqués de Cádiz— para que no dieran amparo a los conversos que huían de la ciudad y entregaran a los “desconocidos” hallados en sus tierras bajo pena de excomunión y otras graves sanciones. La medida pretendía cortar una desbandada que ya se había iniciado hacia señoríos cercanos como Marchena, Mairena y Los Palacios.
La presión inquisitorial se tradujo de inmediato en autos de fe: el primero, celebrado en Sevilla el 6 de febrero de 1481, abrió una secuencia de procesos y quemas que simbolizó el nuevo tiempo con la construcción del quemadero en el Campo de Tablada, cuyas huellas han llegado hasta nosotros.
En ese contexto, Marchena aparece en las crónicas y estudios como lugar de acogida. Fuentes clásicas (Lea cita a Bernáldez) registran que “más de ocho mil” personas lograron refugio en Mairena, Marchena y Los Palacios, muchas de ellas con paso ulterior a Portugal o tierras de señorío gaditanas.
Nombres propios: los Susán y la viuda de Benadeva
Entre quienes se replegaron hacia señoríos de los Ponce de León figuran miembros de la influyente familia Susán. La historiografía especializada sitúa a Juan Gómez de Susán y Pedro de Susán en Marchena, mientras Álvaro de Susán aparece en Sanlúcar de Barrameda; parte de estas trayectorias se documentan después en las habilitaciones de 1494–1495.
También se vincula a este éxodo a Isabel Suárez, viuda del ajusticiado Pedro Fernández Benadeva (o Benadeva/Benedeva), figura clave en los sucesos de 1480–1481. Un registro de la Penitenciaría Apostólica (Roma, 6 de febrero de 1482) conserva su petición de absolución y dispensa tras haber sido excomulgada, huida primero a tierras de señorío y luego a Portugal, pieza que abre la serie documental vaticana sobre la Inquisición española.
El pulso político: nobles, conversos y el radio de la justicia
La orden del 2 de enero de 1481 muestra el choque de jurisdicciones entre una Inquisición recién implantada y los señoríos andaluces. La instrucción —publicada y citada desde el siglo XIX por Fidel Fita (BRAH, 1889) y reproducida por estudios posteriores— exigía a los señores capturar a los fugitivos y remitirlos a Sevilla, conminándoles bajo excomunión. En la práctica, aun con esa presión, numerosos conversos encontraron acogida temporal en dominios del marqués de Cádiz y del duque de Medina Sidonia antes de proseguir hacia Portugal o el Magreb.
Contexto sevillano: de la “conjura” al quemadero
Los arrestos de finales de 1480 —con nombres como Diego de Susán, Pedro Fernández Benadeva o Manuel Sauli— y el legendario episodio de “la Fermosa Fembra” encendieron la mecha de unos procesos que los cronistas narran con detalle. La instalación estable del tribunal en Triana y el estreno del quemadero de Tablada visualizaron un cambio de era que impactó a Sevilla y a su alfoz marchenero