Se ha cumplido un año de la marcha del rey emérito a Emiratos Árabes, e Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, afirmó ayer que la huida de Juan Carlos I supone una grave anomalía democrática que produce un enorme descrédito de las instituciones. Resulta llamativo que quien ostenta la secretaría general de un partido que ha hecho del acoso sistemático a las instituciones su medio de vida, muestre ahora preocupación por el descrédito institucional.
El objetivo de estos parricidas no es la monarquía, sino nuestra democracia. Los llamo parricidas porque el Partido Comunista pasó de la clandestinidad a la legalidad de la mano del Régimen del 78, su principal objetivo.
Vaya por delante que la única persona que está devaluando la imagen de la monarquía en España es el rey emérito.
Saben que dañar el sistema de libertades que les dio la vida, y al que se refieren despectivamente como Régimen del 78, es el único modo de encumbrar el comunismo en un país integrado en la UE y en pleno siglo XXI. Son marxistas, pero no tontos.
Vaya por delante que la única persona que está devaluando la imagen de la monarquía en España es el rey emérito. También considero importante matizar que, en mi opinión y contra el criterio de muchos juristas, la inviolabilidad del rey vaciaría todo su sentido legislativo si finalmente se homologase como una suerte de impunidad judicial. Si la inviolabilidad del monarca se tradujese factualmente en impunidad a efectos procesales, el rey podría matar caprichosamente, y santas pascuas.
Si la inviolabilidad del monarca se tradujese factualmente en impunidad a efectos procesales, el rey podría matar caprichosamente, y santas pascuas.
La interpretación estricta de este concepto no confiere a su majestad carta blanca para hacer lo que le venga en gana, ni mucho menos. Una interpretación literal de esa prerrogativa constituiría, sin ninguna duda, un fraude de ley que perjudicaría gravemente el reinado de Felipe VI. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Supremo lo está investigando por si pudo cometer algún delito tras abdicar.
Y ahora, entremos en materia. En primer lugar, el rey no ha huido. Y no lo ha hecho por mucho que lo pregonen los mismos que tuvieron la desvergüenza de calificar como exiliado a un prófugo de nuestra justicia como Carles Puigdemont y a quien, por cierto, se le acaba la orgía en Waterloo. Cuestión distinta son los términos del acuerdo alcanzado entre gobierno y Casa Real para que Juan Carlos I se trasladase a Emiratos Árabes mientras nuestra justicia investiga su presunta participación en supuestos ilícitos.
El estadismo actúa como mal menor, pero suele ser efectivo. Se trata de una herramienta de ingeniería política que, coloquialmente, podríamos definir como el conjunto de decisiones que tienen por objeto el interés general de la nación. Esta decisión adoptada por el gobierno de Sánchez y secundada sin reservas por Casa Real no guarda relación con ningún trato de favor, sino con la salvaguarda de una democracia amenazada por el auge de los populismos.
, el yerno del rey fue condenado a una pena de seis años y tres meses de prisión
Durante años, la chupipandi de Belarra trató de convencernos de que la justicia no era igual para todos y como resultado de tamaña ignominia tuvimos que asumir que Iñaki Urdangarin no pisaría la cárcel. El 17 de febrero de 2017, el yerno del rey fue condenado a una pena de seis años y tres meses de prisión tras una complejísima instrucción dirigida por el juez José Castro Aragón. Ahora vuelven con la misma matraca.
No Ione, la marcha de Juan Carlos I no supone ninguna anomalía.Podemos discutir la estética, pero nada más. El rey emérito es libre de viajar a donde quiera, del mismo modo que lo son aquellos cargos de Unidas Podemos que están siendo investigados por otras causas a día de hoy. La marcha condicionada de Juan Carlos I está justificada en tres hechos: el primero es que nuestra justicia pueda conformar una imputación bien sustanciadaque le permita actuar con garantías frente a un octogenario que podría fallecer antes de ser juzgado, descontando un daño innecesario a la actual jefatura de estado.
El segundo es proteger al investigado del acoso mediático al que se vería sometido, dado su grado de popularidad. Y el tercero es evitar injerencias de grupos extremistas como Unidas Podemos.
