Imagen principal: Ilustración de León en Diario de Almería.
“Sánchez claudica”. Esta fue la portada de ABC el pasado martes, 22 de junio. No la comparto. Claudicar es dejar de mantener una convicción y para eso, antes, hay que tenerla. Que alguien me explique cómo se puede adquirir convicción sobre algo que ni siquiera conoce.
Yo, para claudicar ante las tesis que defienden el uso de la energía nuclear, debo abandonar mi convicción sobre el uso de energías alternativas como pueden ser las renovables.
Primero, no tengo ni puta idea de qué es, realmente, la energía nuclear. Y segundo, no tengo ni puta idea de qué es realmente la energía renovable, más allá de que la eólica procede del viento, y porque el entorno de Zahara de los Atunes, mi paraíso terrenal, está sembrado de aerogeneradores.
Para claudicar ante las presiones de los independentistas catalanes primero debes creer en el estado de derecho, y antes de renunciar a tus convicciones democráticas se requiere, necesariamente, conocerlas. Sánchez no conoce el funcionamiento de nuestra democracia, o así prefiero creerlo, antes que digerir que le importa un carajo.
El indulto es una potestad que, facultativamente, recae en el gobierno. Y salvo aquellos que ignoran los principios que rigen nuestro ordenamiento, fundamentalmente el de jerarquía, nadie lo niega. Cuestión diferente, y mucho más grave en términos estrictamente democráticos es que, aunque el gobierno pueda ejercer esa facultad a su discreción, la decisión debe estar armonizada con el dictamen del tribunal sentenciador.
Armonizar no es lo mismo que consensuar, aunque habitualmente tendamos a confundirlo. La diferencia radica en la devaluación que, objetivamente, sufre el estado de derecho. Y eso es, precisamente, lo que debería preocuparnos. El ejecutivo no tiene ninguna obligación de consensuar el indulto con el tribunal sentenciador, puesto que su informe (demoledor) no es vinculante.
Pero nuestro estado de derecho se resiente cuando la decisión del ejecutivo, aunque facultada, no asume los fundamentos que vertebran el informe del tribunal sentenciador. Y se resiente por una sencilla razón: los pilares de la democracia no se asientan sobre el principio de separación de poderes, como todos creemos, sino sobre el equilibrio que ha de coexistir en el seno de sus respectivas jurisdicciones.
De nada sirve que el gobierno dijera que respetaba la decisión judicial de condenar a los independentistas catalanes por delitos de sedición y malversación, si ahora los indulta contra el criterio técnico, y bien sustanciado, de ese mismo tribunal. Eso viene a ser algo así como hagan ustedes lo que deban, que yo haré lo que quiera.
Concebir la separación de poderes sin que medie ningún equilibrio entre las decisiones que resultan del ejercicio independiente de sus dominios es tanto como desalmar nuestra democracia. Literalmente; desvirtuarla.
Esta decisión del ejecutivo podría constituir un fraude al mandato constitucional, sin paliativos, pues resulta incomprensible que el poder judicial haya cumplido con su cometido de administrar justicia en los términos adecuadamente dispuestos por el poder legislativo, y ahora el poder ejecutivo haga un uso de sus facultades en sentido contrario del pretendido por otras autoridades del estado que, respecto al mismo asunto y en el ámbito de sus legítimas funciones, ya se han pronunciado.
