Seis años para investigar si los piensos de Dasy en Osuna entraron en la cadena alimentaria
José Antonio Suárez López
La lentitud del sistema judicial hace que hasta ahora, seis años después, el Juzgado de Instrucción 1 de Osuna no haya dando por concluida la instrucción del Caso Dasy y se pasa a la siguiente fase que es juicio oral.
Se trata de saber qué pasaba en la fábrica Dasy en Osuna hasta 2013 y si en algún momento se puso en peligro la salud pública tal y como preguntó Facua y si los piensos prohibidos entraron en la cadena alimentaria.
En la planta Dasy se destruían restos de animales y se convertían en pienso destinado a alimentación animal, con la concesión de la Junta de Andalucía. El problema es que había sospechas fundadas de actividad ilícita.
En 2013 una operación del Seprona comenzó a buscar en las fábricas de Osuna y Ribera de Ondara, Lérida, ambas del grupo PGG, pruebas sobre mezclas ilegales de piensos, entre otros, materiales de C1, es decir animales muertos por enfermedades y de uso prohibido para este cometido según la ley. Esta operación provocó el cierre de la planta de Osuna y dejó a 88 personas sin trabajo en Osuna y 350 en toda Andalucía. Grupo PGG también tenía fábricas en varios países suramericanos.
33 personas son procesadas en este caso por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, adulteración de harinas y grasas usadas en la fabricación de piensos para vacas, pollos y cerdos, y se trata de verificar si entraron así en la cadena alimentaria humana.
Todo esto sucedía presuntamente en la fabrica Dasy de Osuna hasta 2013 cuando un registro policial acabó con la actividad de esta empresa y un mes después, en Julio de 2014, se levantó secreto de sumario y se conoció la implicación del dueño de la empresa, el empresario catalán José María Gimeno con plantas en Lérida y Osuna.
En 2014 este causo causó preocupación y Rubén Sánchez de Facua preguntó a la administración andaluza si los piensos de animales muertos había acabado en la cadena alimentaria y había afectado directa o indirectamente a la salud pública. Por su parte Ecologistas en Acción denunciaron los vertidos ilegales de dicha empresa y los daños al medio ambiente personándose en la causa, quien juntos a Manos Limpias se personaron y tienen acceso a la causa.
La Junta de Andalucía había entregado durante años concesiones para la destrucción de restos animales y su conversión en pienso animal, a este empresario catalán que ya había sido condenado dos años antes por delito ambiental otorgándole todas las autorizaciones de calidad ambiental además de una subvención de 600.000 euros en 2013.
M.S.J. funcionario de la Junta encargado de conceder las autorizaciones a la empresa luego se convirtió en director general del Grupo PGG, propietario de la planta de Osuna. Además el jefe de Salud Animal en Sevilla fue cesado por este caso y luego quedó en suspendo a la espera de conocerse el resultado del juicio.
