La salud mental se ha convertido en una de las principales crisis de salud pública en España. Según la Encuesta de Salud de España 2023, casi un 30 % de los adultos presentan síntomas depresivos y el 8 % sufre cuadros severos. A ello se suma que en Atención Primaria el 10 % de la población está diagnosticada o presenta síntomas de ansiedad, con una incidencia casi doble en mujeres que en hombres. Los expertos señalan que la pandemia de la COVID-19, la precariedad económica y el déficit de recursos sanitarios han disparado una situación que, según el Ministerio de Sanidad, “requiere un cambio estructural y sostenido”.
Una crisis en cifras
El último informe del Instituto Nacional de Estadística confirma que en 2023 los cuadros depresivos severos crecieron 5,5 puntos porcentuales respecto a 2020, afectando ya al 8 % de la población de 15 o más años (INE). En paralelo, los registros clínicos de Atención Primaria sitúan los trastornos de ansiedad en el 6,7 % de la población con tarjeta sanitaria, alcanzando el 10,4 % si se incluyen los síntomas no diagnosticados formalmente (Ministerio de Sanidad).
La brecha de género es significativa: 35 % de las mujeres frente a 24 % de los hombres manifiestan síntomas depresivos, mientras que la ansiedad afecta al 8,8 % de las mujeres frente al 4,5 % de los hombres. En los jóvenes de 18 a 24 años, la situación es aún más preocupante: un informe de AXA de 2025 indica que un 9 % declara sufrir ansiedad (AXA).
Las causas: un cóctel de factores
Precariedad socioeconómica
Los estudios del Consejo de la Juventud de España y de Oxfam Intermón confirman que la precariedad laboral y la dificultad para acceder a una vivienda son determinantes en la salud mental juvenil. Más del 55 % de los jóvenes con dificultades económicas presentan problemas psicológicos, frente al 37 % de quienes no sufren esa presión. La inseguridad vital, más que el salario en sí, se convierte en un motor de ansiedad y depresión.
Déficit de recursos sanitarios
España cuenta con apenas 7 psicólogos clínicos y 9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media europea. Esto se traduce en largas listas de espera y en un sistema que recurre en exceso a los psicofármacos. El consumo de ansiolíticos alcanza al 11 % de la población, el porcentaje más alto de Europa.
La pandemia y su resaca emocional
El confinamiento, las pérdidas humanas, la incertidumbre económica y la ruptura de rutinas educativas y laborales dejaron una huella profunda. La “resaca psicológica” de la COVID-19 se traduce en un repunte sostenido de depresión y ansiedad, que no ha vuelto a los niveles previos a 2020.
Estigma y barreras culturales
Aunque las campañas han avanzado, sigue presente la idea de que pedir ayuda psicológica es signo de debilidad. Entre mayores y población migrante, persisten barreras culturales y lingüísticas que impiden un acceso normalizado a los servicios de salud mental.
Desigualdades de género
El peso de los cuidados familiares, la sobrecarga laboral y la violencia machista hacen que las mujeres presenten tasas mucho más altas de ansiedad y depresión. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que la brecha de género es estructural en todos los países, pero en España el desfase es especialmente elevado.
Una comparación europea
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte de que la prevalencia de depresión se ha duplicado en muchos países tras la pandemia. Sin embargo, España está peor preparada para afrontarla: el gasto sanitario público por habitante es de 2.822 euros, un 20 % menos que la media de la UE y casi un 50 % por debajo de Alemania. Esta diferencia en recursos explica que, aunque la prevalencia sea comparable, la atención resulte mucho más limitada.
Planes y soluciones en marcha
El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, aprobado por el Ministerio de Sanidad, prevé reforzar el número de profesionales, impulsar la atención comunitaria y promover la lucha contra el estigma. Sin embargo, su dotación presupuestaria —100 millones de euros en tres años— ha sido calificada de insuficiente por asociaciones profesionales, que reclaman al menos triplicar esa cifra para situar a España en niveles europeos.