Las primeras pruebas se han realizado al personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en algunos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.
La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla va a realizar un total de 2.400 test de COVID-19 a los funcionarios de la Administración de Justicia. Las prueba se llevan a cabo en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y comenzaron la semana pasada.
En total, en una primera tanda la Consejería va a realizar 4.000 test rápidos, que se completarán las próximas semanas hasta alcanzar a la totalidad de la plantilla de funcionarios, así como a los fiscales, y letrados de la Administración de Justicia. En total, serán unos 2.400 test en Sevilla. Todo ello gracias a la colaboración con la Consejería de Salud que dotará de todas las pruebas que sean necesarias.
Las primeras llevadas a cabo en Sevilla fueron al personal del IMLCF, tal y como establece el protocolo realizado desde la Consejería para proceder a estos test, que son practicados por los propios médicos forenses. A lo largo de estos días se ha continuado realizándose a la plantilla de Instrucción, Menores y Violencia de Género, ya que son los que hacen servicios de guardia.
El delegado de Justicia en Sevilla, Javier Millán, ha visitado hoy las instalaciones del IMLCF donde se están realizando estas pruebas “no solo al personal funcionario dependiente de la Delegación, sino también a letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos. Es un compromiso de esta Consejería, que estamos cumpliendo para que todo el personal que trabaja en una sede judicial pase estas pruebas”.
Para la realización de estos test, la Consejería ha elaborado un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses que, de forma voluntaria, van a acometerlos.