El coordinador de Vox en Marchena (Sevilla), José Carlos Delgado, ha lamentado este lunes que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, haya respondido a una queja de dicho partido por el conflicto de la Policía Local marchenera, 23 de cuyos 31 agentes en activo están de baja por incapacidad permanente en plena liza con la alcaldesa, María del Mar Romero (PSOE), informando tal institución de su decisión de no «interferir en un caso sobre el que está pendiente una resolución judicial».
En un comunicado, el citado dirigente ha señalado que el conflicto entre los mencionados agentes y la alcaldesa «se enquistó aún más con la contratación de seguridad privada» por parte del Ayuntamiento para apoyar a los agentes de la Policía Local no dados de baja y así garantizar los turnos del servicio de seguridad ciudadana, una medida sometida a una intensa controversia política y avisos respecto a supuestas descalificaciones y calumnias vertidas contra los vigilantes contratados por el Consistorio.
Delgado ha recordado que Vox se opone a dicha medida porque «la legislación sobre seguridad privada sólo admite colaboraciones puntuales y muy acotadas de servicios híbridos pero en ningún caso la sustitución de funcionarios públicos», toda vez que la Federación de Seguridad Privada del sindicato USO en Andalucía descartaba todo «rasgo de ilegalidad o de usurpaciones de funciones», esgrimiendo para ello la Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril, que «establece como funciones del personal de seguridad privada la vigilancia y protección de bienes, y establecimientos (…) tanto públicos como privados'».
Vox expone que ante esta situación, elevó una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, «queja que se queda en papel mojado, porque esta institución, que ha demostrado su falta de utilidad, se ha lavado las manos y ha dado de lado a unos vecinos que llevan un año sin la protección necesaria, alegando que no interferirá en un caso sobre el que está pendiente una resolución judicial», según indica el dirigente de Vox.
Esta respuesta a Vox del Defensor del Pueblo Andaluz, que emite diferentes y continuas resoluciones instando a los poderes públicos o informes con relación a aspectos como la protección de menores, prueba «una vez más» según opina este dirigente de Vox «que instituciones como ésta, pagadas con fondos públicos, y que deberían estar al servicio de los ciudadanos, son completamente prescindibles».
A tal efecto, ha defendido que Vox seguirá «peleando por los ciudadanos» de Marchena hasta que «tengan la protección necesaria», con lo que ha anunciado que el diputado provincial de Vox en Sevilla, Rafael García Ortiz, elevará el asunto al pleno de la Diputación.