El PP de Sevilla denuncia que el PSOE está abriendo en esta provincia una puerta «muy peligrosa a la ilegalidad», ha dicho Virginia Pérez rememorando la reciente incorporación de vigilancia privada en Marchena por la baja temporal de la mayoría de sus policías locales en el marco del conflicto entre los mismos y la alcaldesa socialista de la localidad.
«Es inadmisible que, tras la contratación de seguridad privada en Marchena para hacer labores de la Policía Local, ahora el alcalde de El Rubio haya decidido contratar también seguridad privada, pero en este caso para controlar y sancionar, en su caso, a personas que se encuentren en cuarentena y sean localizados incumpliéndola», señala Virginia Pérez, mientras el alcalde de El Rubio expone que la medida ha sido consultada con la Policía Local y los vigilantes apoyarán al cuerpo «sin invadir» nunca sus competencias.
La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha llamado al «respeto absoluto a la Constitución, a las leyes, y en este caso, a la protección de datos de los sevillanos», aseverando que «la lucha contra la pandemia no debe justificar la vulneración de los derechos fundamentales».
«No solo es absolutamente ilegal que un vigilante privado custodie y controle los movimientos de cualquier ciudadano, sino que, además, según asegura el propio alcalde, estos trabajadores disponen de datos personales privados a pesar de que se trata de información que solo puede ser usada por las autoridades competentes, con lo que también estaría vulnerando la protección de datos de estos vecinos», critica la presidenta del PP de Sevilla, insistiendo en que se trata de «medidas ilegales con la excusa de la lucha contra la pandemia».
«Además, la adopción de estas medidas se podría haber realizado con la connivencia del propio subdelegado del gobierno, Carlos Toscano, algo que sería aún más escandaloso puesto que el garante de la seguridad de los sevillanos podría ser el responsable de este ataque sin precedentes a los derechos de los ciudadanos», asevera, mientras el alcalde ha solicitado autorización a la Subdelegación, como ya hiciera el Ayuntamiento de Marchena con resultado positivo.
«Por ello, exigimos a Toscano que aclare urgentemente si es cierto que ha permitido la contratación de seguridad privada para controlar y sancionar a enfermos Covid y utilizando de sus datos personales para ello», ha enfatizado Pérez, avisando de que el PP va a «denunciar ante la Justicia todo caso en el que supuestamente una administración o cargo público esté poniendo en riesgo los derechos» de la ciudadanía.