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Investigación: La Inquisición juzgó a conversos, moriscos y curas «solicitantes»·en Marchena

El sistema de familiares de la Inquisición fomentó un ambiente donde «cada vecino se convertía en un espía potencial, y cada hogar, en un posible tribunal». Esto va más allá de la aplicación legal formal; describe un sistema omnipresente de vigilancia social que erosionó la confianza, impuso la auto-vigilancia y transformó las vidas privadas y las relaciones en posibles focos de denuncia y juicio.

La presencia de la Inquisición española en Andalucía se inició tempranamente, con tribunales establecidos en Sevilla (1481) y Córdoba, expandiéndose posteriormente por toda Castilla y Aragón. Para la década de 1530, la Inquisición en Andalucía estaba formalmente estructurada con tres tribunales principales ubicados en las importantes ciudades de Córdoba, Granada y Sevilla. Los casos de Marchena, especialmente en el período inicial, eran gestionados por el tribunal de Sevilla.

La Inquisición española fue abolida formalmente en 1834, pero su profundo impacto y la estigmatización que causó «perduraron mucho más tiempo» , lo que indica una huella duradera en la sociedad. En Marchena, el legado de figuras como Fray Diego de Marchena sigue «reforzando la importancia de este convento en la memoria colectiva de Marchena», lo que significa que casos históricos específicos siguen siendo parte integral de la identidad de la ciudad. Las iglesias históricas de la ciudad, incluidas Santa María de la Mota y San Juan Bautista, son consideradas «testigos» de su historia y fe entrelazadas, encarnando la presencia duradera del pasado en el paisaje físico.

La Inquisición española fue establecida formalmente en 1478 por los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, con el objetivo primordial de mantener la ortodoxia católica en sus reinos.

El uso de los sambenitos como herramienta de humillación pública e infamia perpetua fue una práctica común en estos tribunales andaluces, con ejemplos de su exhibición en las catedrales de Córdoba y Granada.

Su función principal era la detección y persecución de la herejía, definida ampliamente como cualquier desviación de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Un enfoque considerable se puso en los  conversos (judíos convertidos al cristianismo) y los moriscos (musulmanes convertidos), sospechosos de practicar secretamente sus antiguas religiones, en lo que se conocía como judaizar o islamizar.

El proceso inquisitorial, en sus inicios, utilizaba los «edictos de gracia», que ofrecían clemencia a quienes confesaban voluntariamente sus errores dentro de un «período de gracia». Sin embargo, después de 1500, estos fueron reemplazados en gran medida por los «edictos de fe», que eliminaron la posibilidad de reconciliación voluntaria. Las acusaciones solían ser anónimas, lo que a menudo llevaba a la detención de individuos sin una acusación formal.

El abanico de delitos perseguidos era amplio, incluyendo diversas «proposiciones» contra el dogma católico (heréticas, erróneas, malsonantes), apostasía (práctica secreta del judaísmo, islam o protestantismo), blasfemia, sodomía, bigamia, brujería y magia. Las sentencias variaban desde la «reconciliación» (que implicaba multas, humillación pública e inhabilitación para cargos públicos) hasta la «relajación al brazo secular» (que típicamente significaba la ejecución en la hoguera).

La relación entre esta poderosa nobleza local y la Inquisición fue compleja y a menudo matizada. Por ejemplo, Rodrigo Ponce de León se enfrentó a amenazas de la Inquisición en 1481 por acoger a conversos que habían huido de Sevilla, lo que sugiere un grado de autonomía local o una disposición a desafiar las directrices inquisitoriales. Además, el Duque de Arcos, título ostentado por los Ponce de León, era conocido por proteger a los conversos, y algunos de sus propios sirvientes y contadores aparecieron en la lista de reconciliados por la Inquisición en 1495. 

El Emblemático Caso de Fray Diego de Marchena

El juicio de Fray Diego de Marchena, un fraile acusado de judaizar, constituye un caso local de particular relevancia. Se le considera el «primer juicio de la Inquisición en un monasterio» contra un «judío de Marchena». Su caso alcanzó gran notoriedad en toda España a finales del siglo XV y los expertos creen que influyó en la decisión final de los Reyes Católicos de expulsar a los judíos de España.   

Nacido en Marchena en el seno de una familia de conversos, Fray Diego confesó haber descubierto su ascendencia judía y su circuncisión a los doce o trece años. Ingresó en el monasterio jerónimo de Guadalupe hacia 1449, aparentemente para ocultar sus prácticas y ascender socialmente. Su caso fue un punto central en los procesos inquisitoriales de Guadalupe en 1485, que incluyeron dos inquisiciones separadas: una contra los conversos laicos y otra contra los frailes del monasterio. Sus esfuerzos por rescatar a su familia fueron un tema recurrente en las confesiones de las 111 personas que testificaron, incluidos 102 frailes.   

Su madre y hermanas, también de Marchena, fueron apresadas en el Castillo de Teba mientras intentaban huir a Málaga para practicar abiertamente el judaísmo. Fray Diego dedicó aproximadamente diez años a buscar limosnas y negociar su liberación, llegando a enviar una carta a parientes en Carmona que fue interceptada por los inquisidores de Sevilla.

Persecución de judíos y conversos en Marchena

Se ha documentado una lista detallada de 38 individuos reconciliados por la Inquisición en Marchena en 1495. Estas personas solían ser sometidas a importantes sanciones económicas, pagando sumas considerables en maravedíes para evitar castigos más severos, incluida la ejecución. Ejemplos notables incluyen a Ruí García (5000 maravedíes), Pedro López de Pliego y su esposa Leonor López (6000 maravedíes), y Juan de Torres y su esposa Isabel de Jerez, quienes pagaron 6200 maravedíes por ellos y sus cuatro hijos pequeños.   

Un aspecto crucial de su sentencia era la obligación de llevar el sambenito, una vestimenta penitencial, como marca pública de su infamia durante el tiempo de su condena. Una vez cumplida la sentencia, estos sambenitos se colgaban en la iglesia parroquial «ad perpetuam dei memoriam» (para la memoria perpetua de Dios), asegurando que el «delito» y la «infamia» del hereje, y por extensión de sus familias y descendientes, fueran recordados perpetuamente y exhibidos públicamente por generaciones.   

Un análisis de las profesiones entre estos conversos reconciliados revela una clara predominancia de sastres y oficios relacionados con el textil, como jubeteros (fabricantes de jubones), borceguineros (fabricantes de botas de piel), tundidores (recortadores de hilos de telas) y traperos (comerciantes de telas). También se señala que muchos médicos, boticarios y cirujanos al servicio de la nobleza señorial durante este período eran conversos.   

El papel de la nobleza local se destaca nuevamente, ya que el Duque de Marchena era conocido por proteger a los conversos, y algunos de sus propios sirvientes y contadores aparecieron en la lista de individuos reconciliados, lo que indica una compleja interacción de poder e intereses.

Las consecuencias económicas también incluyeron la confiscación de propiedades, como lo demuestra el caso de Mencía Rodríguez, una mujer judía que huyó de Marchena, cuyas tiendas fueron posteriormente reclamadas por el receptor de bienes confiscados por la Inquisición.   

La imposición de multas sustanciales y la confiscación de propiedades apuntaban directamente a su riqueza acumulada y estabilidad económica. Aunque la propia Inquisición enfrentaba desafíos financieros , estas penas servían como una fuente importante de ingresos. Esto sugiere que la persecución de los conversos no era únicamente una cuestión de pureza religiosa, sino que también tenía una profunda dimensión económica, posiblemente con el objetivo de debilitar un segmento comercialmente activo de la sociedad y redistribuir la riqueza, consolidando así el poder económico.

Persecución de los Moriscos en Marchena

Marchena cuenta con una historia documentada de presencia musulmana, con «moros horros» (moros libres) registrados en el área de la Plaza Vieja ya en 1296. La nobleza local desempeñó un papel en su presencia; por ejemplo, Rodrigo Ponce de León trajo un grupo de esclavas moras a Marchena en 1485 durante la Guerra de Granada.   

A pesar de las políticas más amplias de conversión forzada (mudéjares en 1502) y las posteriores expulsiones , los moriscos continuaron residiendo en Marchena. Aproximadamente cien moriscos seguían trabajando para los Duques en 1613, y su presencia está documentada al menos hasta 1618. Apellidos moriscos específicos como Rojas, Alharras y Valenzuela se registraron en Marchena. El impacto cultural de su presencia se refleja en el estilo arquitectónico mudéjar de Marchena, influenciado por la mano de obra esclava morisca.   

En un contexto más amplio, las conversiones forzadas de 1502 obligaron a los moriscos a abandonar su idioma, vestimenta tradicional y costumbres. La Rebelión de las Alpujarras (1568-1570) llevó a la dispersión y deportación de 1300 moriscos a la provincia de Sevilla, incluyendo 6000 a la capital, donde se convirtieron en una minoría marginada.

La Inquisición también mostró preocupación por que los gitanos enseñaran «brujería y adivinaciones y supersticiones» a los moriscos. El Duque de Arcos, una vez más, demostró intereses de la élite local al intentar eximir a sus esclavos y a aquellos casados con cristianos viejos de la expulsión de 1611, lo que ilustra la tensión constante entre los decretos centrales y las realidades económicas y sociales locales.

El Rol de los «Familiares de la Inquisición» en la Localidad

El alcance operativo de la Inquisición se extendió significativamente a través de su dependencia de los «familiares», quienes funcionaban como una fuerza policial local, a menudo caracterizada por su fanatismo. Estos «familiares» gozaban de considerables privilegios, incluida la completa anonimidad y la impunidad frente a la jurisdicción de otros tribunales, lo que aumentaba su eficacia y reducía la rendición de cuentas. Su responsabilidad principal era recopilar información y presentar denuncias, manteniendo sus identidades en secreto para protegerlos y fomentar sus actividades.   

Crucialmente, una vez que el convento de Santo Domingo abrió en Marchena en 1530, integrando la estructura de la Inquisición en la ciudad, los «familiares» se establecieron estratégicamente entre las familias importantes de la localidad. Esta medida incrustó eficazmente la red de vigilancia de la Inquisición directamente en la jerarquía social local.