En el año 1826, la campiña sevillana fue escenario de una historia tan absurda como reveladora de la época que vivía España bajo el absolutismo restaurado de Fernando VII. En la pequeña villa de Paradas, dos hombres —Fernando Ximénez, natural de Marchena, y Fernando Iborra López, vecino de Paradas— fueron condenados por la justicia a morir por garrote vil, el método de ejecución habitual en aquellos tiempos para castigar los delitos más graves.
La Real Audiencia, máximo órgano judicial, dictó sentencia: ambos serían ejecutados públicamente en Paradas, y los gastos derivados del acto serían costeados a partes iguales por los ayuntamientos de ambas villas.
Pero lo que parecía un trámite judicial se convirtió en una controversia económica, política y moral que revela el papel que las ejecuciones públicas desempeñaban en la sociedad de la época.
La justicia como escarmiento y ceremonia
Durante el siglo XIX, las ejecuciones no eran discretas ni privadas. Eran públicas, teatrales y ritualizadas. El garrote vil —un aparato de madera y hierro que asfixiaba al reo con un giro de tornillo en la nuca— se instalaba en una plaza o explanada, y el acto se anunciaba con bandos oficiales y repiques de campanas.
La idea no era solo aplicar la justicia, sino también aleccionar a la población, reafirmar el poder del Estado y el orden social. En muchos casos, se añadían elementos simbólicos, como la exposición de partes del cuerpo del ejecutado o la lectura en voz alta de su sentencia para escarnio público.
Desde el siglo XVI hay referencias a estas ejecuciones públicas ejemplarizantes en Marchena. En 1523, y está basada en el documento original:
El documento “Proceso, autos y sentencia dados en Marchena contra Juan de Escobar. 28 de noviembre de 1523”, conservado en el Archivo Histórico Nacional, accesible a través del Portal PARES (Archivos Españoles), describe cómo el reo fue llevado en burro desde la cárcel de Marchena hasta una columna de mármol a las afueras del pueblo, donde debía cumplirse la sentencia dictada por el Duque de Arcos. El intento de ejecución generó un conflicto con el verdugo designado, que se negó por no considerarse “matarife”, lo que simboliza el uso de ese espacio como escenario público de escarmiento.
Una ejecución convertida en espectáculo
El Ayuntamiento de Paradas tomó el encargo judicial como si de una gran ceremonia se tratase. Organizó un desfile militar, Invitó a una compañía de migueletes (milicia armada, se exhibió el brazo amputado de uno de los ejecutados. Se invirtió en montaje, tropa, custodias y elementos escénicos. El coste final ascendió a la astronómica cifra de 4.000 reales. Al recibir la factura, el Ayuntamiento de Marchena reaccionó con indignación.
La protesta de Marchena
En una carta remitida a la Real Audiencia, las autoridades marcheneras alegaban que el gasto era “innecesario, exagerado y teatral”, y que su obligación solo debía cubrir la parte estrictamente judicial: el verdugo, el garrote, el transporte de los reos y los oficios religiosos.
El resto —decían— había sido un derroche de vanidad institucional, más pensado para escenificar poder que para hacer justicia. Pero la Audiencia fue clara: la sentencia era pagar la mitad. Sin objeciones.
Un caso que revela una época
Este episodio, recogido en el archivo “Marchena siglo XIX – Absolutismo versus Constitucionalismo – Tomo II” de José Alcaide Villalobos, muestra cómo la justicia del Antiguo Régimen no era solo castigo, sino también espectáculo político y control social.
No era raro que las ejecuciones fueran celebradas como actos cívicos. Los vecinos acudían en masa, con niños incluidos. Las autoridades reforzaban así su autoridad con un mensaje claro: “Así acaban los enemigos del orden”.
Este curioso litigio entre Paradas y Marchena no es solo una anécdota contable. Es un reflejo de cómo se construía el poder, el miedo y la obediencia en una sociedad donde el Estado era todopoderoso y la justicia, un teatro tan real como mortal.
Ejecuciones públicas
Durante los siglos XV y XVI en España, las ejecuciones públicas eran eventos comunes que se llevaban a cabo en las plazas principales de las ciudades y pueblos. Estas ejecuciones servían no solo como castigo, sino también como advertencia y reafirmación del poder de las autoridades.
Con el tiempo, especialmente a partir del siglo XVI, se comenzaron a utilizar estructuras llamadas «rollos» o «picotas» para llevar a cabo estas ejecuciones. Estas eran columnas de piedra, a menudo ornamentadas, que se erigían en lugares prominentes, como plazas o entradas de las localidades. Además de su función judicial, los rollos y picotas simbolizaban la autonomía y jurisdicción de una villa o señorío.
Fuentes:
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Marchena siglo XIX – Absolutismo versus Constitucionalismo – Tomo II, José Alcaide Villalobos.
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Archivo histórico del Ayuntamiento de Marchena.
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Real Audiencia de Sevilla (1826), documentos sobre ejecución y reparto de gastos.