La llegada de la dinastía Borbón a principios del siglo XVIII marcó un giro importante en las relaciones entre la Iglesia, la nobleza y el Estado en España. Los nuevos monarcas borbónicos, influenciados por el absolutismo francés y las ideas ilustradas, buscaron reforzar la autoridad real sobre los asuntos eclesiásticos y económicos. En la práctica, esto se tradujo en leyes y decretos que recortaron privilegios tradicionales de la Iglesia y limitaron su poder financiero. Ya desde el reinado de Felipe V (1700–1746) se comenzó a obligar al clero a someterse a la jurisdicción civil.
Las actividades económicas del clero también fueron objeto de restricciones. En el ámbito local, los Borbones endurecieron la aplicación de los estancos y rentas, sin exceptuar a conventos o párrocos. En palabras de un cronista, “desde 1700 con la llegada de los Borbones… las leyes se volvieron más restrictivas para la Iglesia, que comenzó a perder privilegios.
Así, curas como el de Paradas que antes podían comerciar vino para fondos parroquiales vieron cómo incurrían en ilícito si no respetaban los monopolios oficiales. Los ejemplos de 1717 y 1736 en Marchena/Paradas confirman esa pérdida paulatina de inmunidad económica eclesiástica: lo que en siglos previos quizás se hubiera tolerado como “pequeño tráfico” del clero, bajo los Borbones terminó en procesos penales.
Otra medida drástica fue la expulsión de los Jesuitas en 1767. Carlos III suprimió la influyente orden en todos sus dominios acusándola de desobediencia y de instigar revueltas (como el motín de Esquilache). Más allá de las razones políticas, la expulsión implicó la incautación masiva de colegios, haciendas y bienes jesuíticos –muchos de ellos productivos– en beneficio de la Hacienda Real.
En Andalucía, esto abarcó viñedos, olivares, cortijos y bodegas que los Jesuitas administraban (recordemos la gran viña de Marchena que quedó bajo control de la Corona tras 1767). La salida de los regulares y la venta de sus bienes significó un golpe al poder económico de la Iglesia y, a la vez, alivió a competidores civiles que veían en esas órdenes religiosos a unos rivales en los mercados locales.
Ya a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, las guerras y las revoluciones aceleraron los cambios. Durante la invasión napoleónica (1808–1814), las tropas francesas saquearon por igual las reservas del Estado, de la nobleza y del clero: en Marchena, por ejemplo, fueron vaciados el Pósito público (silos municipales de grano), la Cilla de la iglesia (granero de diezmos) y las “paneras” ducales.
Esta destrucción del patrimonio alimentario agravó el hambre y sembró resentimiento contra todos los antiguos poderes. En medio de ese caos, las Cortes de Cádiz (1812), primer parlamento liberal español, decretaron la abolición de los señoríos jurisdiccionales y sentaron bases para secularizar bienes eclesiásticos.
Aunque la restauración absolutista de Fernando VII revirtió temporalmente algunas medidas, el impulso liberal resurgió con fuerza. Entre 1835 y 1837, durante la regencia de Mendizábal e Isabel II, se consolidó definitivamente la Revolución Liberal que desmanteló el antiguo poder económico de la Iglesia.
En pocos años se: abolieron los diezmos y exacciones fiscales eclesiásticas, se expropiaron y subastaron propiedades rústicas y urbanas del clero (la Desamortización de Mendizábal en 1836 y de Madoz en 1855 terminaron de liquidar la mayor parte de los latifundios de la Iglesia), y se suprimieron conventos y órdenes religiosas contemplativas.
Al promediar el siglo XIX la Iglesia española había dejado de ser la principal terrateniente y recaudadora en el agro: pasó a depender de un presupuesto estatal (Concordato de 1851) para sostenimiento del culto y clero, renunciando a la mayoría de sus rentas autónomas.
Este cambio legislativo tuvo fuertes efectos sociales y culturales. Por un lado, liberó enormes extensiones de tierras antes amortizadas, permitiendo la expansión de una burguesía agraria (aunque en la práctica muchas fincas desamortizadas pasaron a latifundistas, no a pequeños campesinos).
Estas transformaciones alimentaron también conflictos ideológicos: el anticlericalismo ganó adeptos entre sectores populares que percibían a la Iglesia como aliada del antiguo orden feudal, mientras los católicos tradicionalistas resentían la pérdida de influencia social de la institución eclesial.