La relación entre España y Marruecos sigue marcada por una profunda interdependencia económica y de seguridad, pero también por un creciente desequilibrio estratégico. Ambos países cooperan en comercio, inmigración y lucha antiterrorista, aunque la crisis vivida en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026 ha demostrado hasta qué punto España depende de la colaboración marroquí para mantener estable su frontera sur.
La entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta obligó al Gobierno español a movilizar recursos extraordinarios. La mayoría regresó a Marruecos durante las primeras 48 horas, pero la magnitud de lo sucedido dejó al descubierto un grave fallo de prevención. Posteriormente, el Ejecutivo declaró la situación de interés para la seguridad nacional, creó un mando único y anunció nuevas medidas económicas para la ciudad.
La estrategia marroquí
Marruecos desarrolla una estrategia de largo recorrido cuyo principal objetivo es consolidar su soberanía sobre el Sáhara Occidental y reforzarse como potencia regional. Rabat condiciona buena parte de sus relaciones exteriores al respaldo que recibe su plan de autonomía para el territorio. El cambio de posición adoptado por España en 2022 fue, en este sentido, una importante victoria diplomática marroquí.
Al mismo tiempo, Marruecos intenta presentarse ante Europa como un socio imprescindible para controlar la inmigración, combatir el terrorismo, garantizar la estabilidad del norte de África y desarrollar nuevas rutas energéticas y comerciales. Cuantos más intereses españoles y europeos dependan de esa cooperación, mayor es la capacidad negociadora de Rabat.
Ceuta y Melilla forman parte de esta estrategia de presión gradual. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre ambas ciudades y mantiene viva su reivindicación. Sin embargo, no existen pruebas públicas suficientes para asegurar que el Gobierno marroquí organizara directamente la entrada masiva de julio. Lo que sí ha quedado demostrado es que el grado de vigilancia de la frontera puede cambiar con enorme rapidez, convirtiendo el control migratorio en una importante fuente de influencia política.
Una España demasiado reactiva
España ha optado desde 2022 por una política de cooperación y apaciguamiento. Esta estrategia ha facilitado el crecimiento del comercio y la colaboración policial, pero también ha llevado al Gobierno a presentar la relación como excelente sin explicar con claridad qué garantías obtuvo a cambio de su nueva posición sobre el Sáhara.
España es el primer socio comercial de Marruecos y el intercambio bilateral superó los 22.500 millones de euros en 2024. La relación económica beneficia a ambos países, pero esa interdependencia no debe impedir que Madrid establezca límites y condiciones verificables.
Lo que debería cambiar
España no necesita romper con Marruecos, sino construir una relación más equilibrada. Para ello debería aprobar una política de Estado respaldada por una amplia mayoría parlamentaria, exigir el cumplimiento efectivo de los acuerdos fronterizos y aduaneros y vincular determinadas ayudas y ventajas económicas a resultados comprobables.
También resulta imprescindible reforzar la integración de Ceuta y Melilla en la arquitectura política y de seguridad europea, mejorar la inteligencia preventiva, desarrollar económicamente ambas ciudades y recuperar una relación estable con Argelia sin convertirla en una política contra Marruecos.
El problema de fondo es que Rabat parece trabajar con una estrategia para los próximos diez o veinte años, mientras España continúa concentrada en evitar o resolver la siguiente crisis. Marruecos sabe qué quiere conseguir: el reconocimiento definitivo de su posición en el Sáhara, mayor peso en Europa y mantener abierta la reivindicación sobre Ceuta y Melilla. España necesita definir con la misma claridad sus objetivos, sus concesiones posibles y sus límites irrenunciables.
Información contrastada con la Presidencia del Gobierno de España, el Ministerio de Economía y Comercio y la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.