Una nueva agresión en el entorno de las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que sindicatos y profesionales llevan meses denunciando: el aumento de las situaciones de tensión, amenazas y violencia en los centros sanitarios.
El último episodio se produjo este 11 de agosto, cuando los acompañantes de una paciente que había ingresado inconsciente intentaron acceder a una zona asistencial restringida. Según la denuncia realizada por UGT Servicios Públicos Sevilla, ante la negativa de un vigilante de seguridad a permitirles el paso, uno de los hombres agredió al trabajador y llegó a lanzarlo contra unas cajas de protección contra incendios. Tres personas fueron finalmente detenidas.
La rápida intervención policial fue posible porque en ese momento había agentes de la Policía Nacional en el hospital custodiando a otro paciente. UGT ha llamado precisamente la atención sobre esta circunstancia: la presencia policial era casual y, a juicio del sindicato, la seguridad de los trabajadores no puede depender de que haya agentes circunstancialmente en el centro cuando se produce una agresión.
El incidente no aparece como un hecho aislado. Los sindicatos vienen describiendo desde hace meses una conflictividad creciente en los servicios sanitarios, especialmente en Urgencias, donde profesionales y personal de seguridad tienen que afrontar con frecuencia insultos, amenazas o comportamientos agresivos de pacientes y acompañantes. En julio, SATSE Sevilla calificaba ya la situación de “alarmante” después de otra agresión a un vigilante de las Urgencias del Virgen del Rocío que necesitó asistencia sanitaria y puntos de sutura. El sindicato advertía entonces de que médicos, enfermeros, celadores, administrativos y vigilantes trabajan expuestos de forma habitual a situaciones de riesgo.
Pocos días después, el 15 de julio, el Sindicato Médico de Sevilla denunció una nueva agresión, en este caso contra una facultativa de las Urgencias del mismo hospital, y alertó de que los profesionales desempeñan su labor en un entorno que consideran cada vez más inseguro.
Las cifras oficiales permiten dimensionar el problema. El Registro Informático de Agresiones de Centros del Servicio Andaluz de Salud contabilizó durante 2025 un total de 1.976 agresiones a profesionales de la sanidad pública andaluza, frente a las 1.866 del año anterior, lo que supone un incremento del 5,9%. De ellas, 387 fueron físicas y 1.589 correspondieron a agresiones no físicas, entre las que se encuentran amenazas, insultos y otras conductas intimidatorias.
Sevilla fue, además, la provincia andaluza con mayor número de casos: 569 agresiones durante 2025, de las que 107 fueron físicas y 462 no físicas. Málaga registró 310 y Cádiz 282. Algo más de la mitad de todos los episodios registrados en Andalucía se produjeron en Atención Primaria y el 48,63% en hospitales, por lo que el problema no queda limitado a los grandes servicios de Urgencias.
La situación ha llevado incluso a la Junta de Andalucía a anunciar una legislación específica. La Consejería de Sanidad comunicó el pasado junio su intención de impulsar una ley contra las agresiones a los profesionales del sistema sanitario, con sanciones que podrían alcanzar los 60.000 euros y otras medidas, como restricciones de acceso a determinados centros o cambios de centro o profesional asignado al agresor.
El debate trasciende, por tanto, el último incidente ocurrido en el Virgen del Rocío. Las organizaciones sindicales llevan tiempo advirtiendo de una progresiva normalización de comportamientos agresivos ante una demora, una norma de acceso, una discrepancia con la atención recibida o cualquier otro conflicto asistencial. En abril, Radio Sevilla recogía ya tres episodios diferentes en centros sanitarios de la provincia en menos de una semana y analizaba con profesionales sanitarios y especialistas las causas de este aumento de la violencia.
El episodio del Virgen del Rocío vuelve ahora a plantear la misma pregunta: cómo garantizar que médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos y trabajadores de seguridad puedan desarrollar su labor sin que el insulto, la amenaza o la agresión terminen convirtiéndose en una parte asumida de una jornada de trabajo.