200 vecinos de Ecija participaron ayer en una protesta pidiendo que la Junta recupere la propiedad de 91 viviendas sociales de La Alcarrachela, que tras la extinción de la empresa municipal Sedesa, han acabado a través de una subasta en manos de un fondo de inversión. Ahora los afectados piden que la Junta de Andalucía recompre las viviendas para que sigan siendo públicas.
Los manifestantes, desde la Alcarrachela, se dirigieron hacia la Plaza de España, coreando diversas consignas reclamando a la Junta que ejerza el derecho de retracto para que las viviendas sigan siendo públicas.
El alcalde de Ecija ha lamentado que estas viviendas cuya construcción costó tres millones de euros de fondos públicos hayan caído «en manos privadas por 1.150.000 euros, a unos 13.000 euros la vivienda».
«Este patrimonio público tiene que volver a ser de la ciudad», ha aseverado reclamando que la Junta de Andalucía ejerza el derecho de retracto respecto a estas viviendas, extremo solicitado por el propio Consistorio astigitano mediante un recurso de alzada. «Tenemos que intentar que legalmente la venta no sea admitida y queremos que la Junta ejerza el derecho de retracto. Si no nos dan soluciones, iremos por la vía judicial», ha insistido el primer edil.