En 1890 el pueblo de Marchena se rebeló contra el alza de los impuestos y la corrupción generalizando quemando las casetas de recaudación o fielatos. La situación creada supuso la dimisión del Alcalde y el Gobernador Civil impuso un nuevo Alcalde por la corrupción y mala gestión municipal. Cambiaron además todos los funcionarios municipales.
La gestión del impuesto de consumo acabo con el Alcalde Manuel Aguilar Diosdado. El 30 de abril se adjudica del arriendo del mencionado impuesto a José María Sañudo por 151.897,92 pesetas, además el impuesto de líquidos es decir aceite vino y vinagre supone una cuantía de 83.394 pesetas.
La instalación de nuevos fielatos en la plaza Alvarado, San Andrés, salida de San Sebastián, salida de la calle Méndez para recaudar el impuesto de aceite vino licores y vinagres, más la creación de una veintena de nuevos cargos para la recaudación de impuestos lo aumenta la presión fiscal y hace que el pueblo estalle.
Según el relato del recaudado José María Sañudo Torres la rebelión del pueblo fue en la mañana del 13 de julio de 1890 cuando una multitud de ambos sexos asaltaron, destrozaron e incendiaron las casetas de los recaudadores de impuestos o fielatos mientras la guardia municipal permanecía impasible.
El Posito se habilitó como cárcel de mujeres.
La multitud amotinada volvió a atacar a primera hora de la noche con gritos de abajo los consumos y muerte al administrador. Hubo amenazas y agresiones hasta la madrugada cuando el cura y político liberal de Arahal Antonio Pedregal ordenó a la multitud de que se dispersara. Su partido el Republicano Radical, logró mayoría en las siguientes elecciones. El y 281 personas firmaron un manifiesta pidiendo la recaudación por reparto vecinal por considerarlo mas justo.
El contrato de arrendamiento de impuesto de consumos es anulado y vuelve la administración municipal por ser imposible recaudar los impuestos porque los recaudadores fueron víctimas de la muchedumbre amotinada. Ninguna persona quería trabajar en este recaudación de impuestos por temor a que fueran agredidos. El juzgado abrió una causa para esclarecer los acontecimientos y castigar a los amotinados.
El edificio del Pósito de la calle La Cilla fue habilitado como cárcel de mujeres que participaron en el tumulto. El alcalde Manuel Aguilar Diosdado solicitó la baja por motivos de salud, fórmula de la época usada para dimitir.
El Gobernador Civil nombró nuevo Alcalde y concejales y clausuró el Ayuntamiento el 30 de julio de 1890 por el motín, pero además por la inexistencia de fondos municipales, por la posible malversacion de fondos municipales, por las irregularidades en la fianza cesando a la totalidad de los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento empezando por el jefe de orden público. La ruina era tal que la Diputación amenazaba con embargar hasta los bienes privados de los concejales.
Al año siguiente el Alcalde conservador detuvo a los concejales liberales Antonio Pedregal y José Baco con el pretexto de que estaban alarmando á la gente. La detención fue la madrugada del día destinado al nombramiento de los interventores para las elecciones.
