En 1804 Marchena no pasó hambre de golpe. El hambre fue entrando despacio, como una humedad mala por debajo de las puertas. Venía de lejos: de los gastos extraordinarios provocados por la fiebre amarilla de 1800, de la ayuda que la propia villa había enviado a Sevilla —600 fanegas de trigo y 10.000 reales—, de las malas cosechas de 1803 y de una economía local sostenida sobre el cereal, el jornal y la obediencia a un orden señorial que empezaba a mostrar sus costuras.

España vivía bajo el reinado de Carlos IV, con Manuel Godoy como figura política dominante, en una monarquía cada vez más atrapada entre la Francia napoleónica y Gran Bretaña. El país no estaba todavía en la Guerra de la Independencia —faltaban cuatro años para 1808—, pero ya caminaba por un suelo agrietado: deuda, presión fiscal, malas cosechas, epidemias, comercio alterado y un sistema municipal obligado a apagar incendios con cubos vacíos.

La crisis de subsistencias de 1803-1805 fue una de las más duras de la España de comienzos del siglo XIX. Los estudios sobre los precios del cereal señalan que la carestía de 1803/1804 y 1804/1805 partió de una situación previa ya muy tensionada: el trigo llevaba años encareciéndose, y la subida alcanzó niveles excepcionales. La Real Academia de la Historia ha destacado que la crisis de 1803-1805 fue un fenómeno muy marcado en España, sin equivalentes tan intensos en otros territorios europeos en esos mismos años.

A esa crisis agrícola se sumó otro enemigo: la fiebre amarilla. Andalucía había sufrido el gran golpe epidémico de 1800, con especial incidencia en Cádiz y Sevilla, y los brotes volvieron en los años siguientes. Los estudios sobre la fiebre amarilla en Andalucía indican que en 1804 hubo un nuevo brote, más virulento que el anterior, coincidiendo además con una crisis agrícola de gran calado.

El dato más duro cabe en una hogaza. La fanega de trigo llegó a dispararse hasta los 240 reales y una hogaza de pan de dos libras —menos de un kilo— superó los cuatro reales, una cantidad equivalente al jornal diario de un bracero. Es decir: un trabajador podía gastar todo lo ganado en un solo pan. No en carne, no en aceite, no en vino, no en lumbre. En pan.

La cosecha que no llegó

El Cabildo vio venir el desastre en mayo. El día 7, el diputado del común don Andrés Echenique y el síndico personero promovieron un expediente para asegurar trigo destinado al abasto público. Las medidas fueron tajantes: se prohibió a cosecheros y dueños de grano sacar trigo de la población o venderlo a forasteros; se les obligó a declarar sus existencias en el plazo de dos días; y se autorizó el reconocimiento de casas y graneros cuando hubiese sospecha de ocultación o fraude.

El trigo debía ir al pan diario de los vecinos, no al negocio de quienes pudieran vender más caro fuera. El Ayuntamiento quiso convertir el término municipal en una despensa vigilada.

El 29 de mayo la decisión se endureció aún más: el Ayuntamiento acordó comunicar al Real y Supremo Consejo de Castilla que intervendría y retendría todo el trigo recolectado en la cosecha, vendiéndolo a precio corriente exclusivamente para el pan del pueblo. Los forasteros quedaban fuera del comercio local del grano.

Aquello no era solo economía. Era orden público. Cuando falta el pan, la calle cambia de sonido. Ya no suenan igual las campanas, ni los carros, ni las voces en la plaza. El hambre convierte cualquier esquina en una pregunta: quién tiene trigo, quién lo esconde, quién lo vende, quién lo protege.

Jornaleros sin jornal

La crisis golpeó primero a los más frágiles: los jornaleros. Las lluvias intensas habían dejado sin trabajo a muchos pobres, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a obras públicas y a limosnas de vecinos pudientes para socorrerlos.

Esta es una de las claves del reportaje: no hablamos solo de una subida de precios, sino de una sociedad en la que miles de personas dependían de trabajar cada día para comer ese mismo día. Sin cosecha no había jornal; sin jornal no había pan; sin pan, la autoridad temía el desorden.

Por eso el hambre de 1804 no puede contarse como una simple “crisis agrícola”. Fue una crisis total: de producción, de abastecimiento, de crédito, de beneficencia, de poder municipal y de confianza.

La Junta de Abastos: mandar sobre el trigo

El 4 de junio se creó una Junta de Abastos para hacer frente a la continua escasez de granos. Participaron el asistente don Agustín Barrera, los alcaldes ordinarios don Juan Manuel Montiel y don Antonio Leguey, el síndico personero don Diego Villalón, y los diputados del común don Andrés Echenique y don Manuel Sáenz de Tejada.

Su primera preocupación fue el Pósito, institución fundamental en épocas de escasez. El Pósito debía servir para prestar grano a los labradores y estabilizar el abastecimiento, pero en 1804 estaba prácticamente sin recursos. El Ayuntamiento pidió que se suspendiera la cobranza de deudas a los labradores, porque la ruina hacía imposible exigir pagos ese año.

Aquí aparece una paradoja amarga: Marchena había prestado antes dinero y trigo a instancias superiores, pero cuando necesitó ayuda, aquello no volvió. El Ayuntamiento reclamó cantidades que, según la documentación, sumaban 351.984 reales y 19 maravedíes en reintegros pendientes. Si ese dinero hubiese regresado, el Pósito habría podido comprar trigo al contado, que era la única forma eficaz de acopiar grano en tiempos de escasez.

El Consejo de Castilla reconoció esas cantidades, pero no las devolvió. Lo que sí concedió fue suspender por ese año los apremios contra los labradores deudores del Pósito. Fue alivio, pero no solución.

La “paternal benignidad” del duque

En julio apareció una esperanza con sello nobiliario. El duque de Osuna y Arcos, don Pedro de Alcántara Téllez Girón y Pacheco, escribió desde Madrid mostrando su preocupación por la escasez de granos en la provincia de Sevilla. Planteó traer trigo del extranjero al puerto más inmediato para surtir de pan a sus pueblos a precios más equitativos.

Pero la esperanza duró poco. El propio duque reconoció después que la cantidad necesaria para atender a todos los pueblos de sus estados era “portentosa” y que su valor ascendía a muchos millones de reales, una suma que no podían afrontar sus finanzas ni las de ningún particular. Recomendó entonces que los ayuntamientos formasen fondos locales y juntas de beneficencia para comprar granos.

Dicho en claro: el señor jurisdiccional mostraba compasión, pero quería cobrar. El Ayuntamiento respondió que sus propios apenas alcanzaban para pagar salarios, que el Pósito no tenía dinero ni trigo suficiente y que solo quedaba acudir a los vecinos pudientes para formar un fondo de entre 150.000 y 200.000 reales.

Los ricos abren la bolsa

El 11 de agosto comenzó a funcionar la Junta de Beneficencia. Se reunieron el asistente, los alcaldes, el vicario don Joseph Guerrero de Ahumada, don Sebastián de Morales y Palma, don Joseph Antonio Díez de la Cortina, don Manuel Diosdado, don Diego Vergara, don Joseph Antonio Montiel y don Andrés Uruñuela. Todos se ofrecieron a constituir un fondo para comprar trigo destinado al pan del vecindario.

Las aportaciones fueron importantes: el vicario dio 15.000 reales; Sebastián de Morales y Palma, otros 15.000; Díez de la Cortina, 22.000; Manuel Diosdado, 22.000; Diego Vergara, 2.000; Joseph Antonio Montiel, 15.000; Andrés de Uruñuela, 5.000; y Antonio Leguey, en nombre de Miguel Ponze Navarro, 15.000. El asistente ofreció incluso alhajas de plata de su propiedad. En total, se reunieron 111.000 reales.

El 20 de agosto se mandó pregonar que cualquier vecino o forastero que quisiera vender trigo a precio corriente acudiera a don Sebastián de Morales y Palma, nombrado depositario del fondo. El hambre empezaba a tener contabilidad, nombres propios y recibos.

La compra del trigo ducal

La negociación con la Casa Ducal fue un tira y afloja. Finalmente, el asistente y don Joseph Antonio alcanzaron un acuerdo con el apoderado ducal: se compró una primera partida de 1.300 fanegas de trigo para entrega inmediata y otra de 1.200 fanegas que debía llegar a Marchena entre quince y veinte días después. Para pagar, se comisionó a don Juan Ternero, que debía trasladar a Sevilla 90.000 reales con la custodia correspondiente.

Pero en noviembre todo volvió a complicarse. Se solicitaron 2.000 fanegas más, aunque la Junta de Beneficencia ya había agotado sus fondos. El duque quería cobrar, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un doloroso repartimiento entre los vecinos contribuyentes.

La escena resume bien el drama: el pueblo necesitaba pan; el Ayuntamiento necesitaba trigo; el duque exigía pago; los pudientes prestaban dinero; los pobres esperaban. En medio, el Cabildo hacía de equilibrista sobre una cuerda de harina.

Los horneros protestan

La crisis llegó también a quienes trabajaban el pan. El 13 de diciembre de 1804 protestaron los horneros y atahoneros de la villa: Felipe Rodríguez, Juan de Atoche, Juan de Herrera, Francisco García, Jerónimo Poleo, Manuel García “El Pelao” y Juan Lebrón. Se quejaban de que el Cabildo les permitía cobrar solo una hogaza de dos libras por cada fanega de pan cocido, cuando antes recibían dos. Alegaban que así no cubrían los gastos de cocción.

El Ayuntamiento no cedió. Ordenó que los molineros continuaran con sus maquilas, que los horneros cobrasen una sola hogaza por fanega de trigo y que los panaderos no pudieran vender la hogaza de pan común por encima de 28 cuartos. Quien incumpliera sería castigado con cuatro ducados de multa y ocho días de cárcel. Los edictos debían fijarse en lugares concurridos, como los Cantillos de San Pedro y las puertas de las carnicerías.

Ahí está el pulso más humano del reportaje. Los horneros no eran grandes especuladores; también peleaban por sobrevivir. Pero el Ayuntamiento sabía que, si el precio del pan seguía subiendo, la villa podía arder sin necesidad de pólvora.

Madrid, Sevilla y Marchena

Mientras Marchena luchaba por su pan, las autoridades superiores tenían otras prioridades. El Supremo Consejo de Castilla facilitaba el abastecimiento de la Corte, y desde Sevilla se ordenaba no impedir a los trajinantes comprar trigo para la capital, que también sufría escasez. Además, en septiembre de 1804 se comunicó la obtención de un salvoconducto del Gabinete inglés para evitar la detención de barcos que venían del extranjero cargados de grano hacia España.

El eco de 1805

La hambruna no terminó con el año. En enero de 1805, el Cabildo seguía preocupado por los jornaleros y sus familias, que mendigaban por el pueblo y amenazaban con desórdenes empujados por el hambre. Se acordó formar una lista de jornaleros y repartirlos entre labradores, pegujaleros y arrendadores de tierras, obligando a cada propietario a mantener cierto número de trabajadores con siete reales secos o con tres libras de pan y tres reales.

Durante los primeros meses de 1805, el trigo comprado, requisado a ocultadores o adquirido al duque fue almacenado en el Pósito y en la Cilla eclesiástica. Desde allí se despachaba diariamente a los atahoneros al precio de 160 reales la fanega. La intervención municipal consiguió rebajar la tensión, y en mayo de 1805 se consideró que la abundancia de trigo permitía disolver la Junta de Beneficencia.

Pero el daño ya estaba hecho. La Marchena de 1804 había aprendido que el pan podía convertirse en frontera: entre quien tenía y quien no, entre el vecino y el forastero, entre la caridad y el negocio, entre el poder señorial y la necesidad popular.

Saber más

Fuente principal: José Alcaide Villalobos, Marchena siglo XIX. Decadencia, guerra y revolución. Marchena 1800-1833. Tomo I, especialmente el capítulo “La hambruna. Marchena, año 1804” y los apartados relacionados con la crisis de abastecimiento de 1805.