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El año en que el pan se comió el jornal: trigo, hambre y miedo en una villa sin cosecha

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3 semanas ago

27 junio, 2026

En 1804 Marchena no pasó hambre de golpe. El hambre fue entrando despacio, como una humedad mala por debajo de las puertas. Venía de lejos: de los gastos extraordinarios provocados por la fiebre amarilla de 1800, de la ayuda que la propia villa había enviado a Sevilla —600 fanegas de trigo y 10.000 reales—, de las malas cosechas de 1803 y de una economía local sostenida sobre el cereal, el jornal y la obediencia a un orden señorial que empezaba a mostrar sus costuras.

España vivía bajo el reinado de Carlos IV, con Manuel Godoy como figura política dominante, en una monarquía cada vez más atrapada entre la Francia napoleónica y Gran Bretaña. El país no estaba todavía en la Guerra de la Independencia —faltaban cuatro años para 1808—, pero ya caminaba por un suelo agrietado: deuda, presión fiscal, malas cosechas, epidemias, comercio alterado y un sistema municipal obligado a apagar incendios con cubos vacíos.

La crisis de subsistencias de 1803-1805 fue una de las más duras de la España de comienzos del siglo XIX. Los estudios sobre los precios del cereal señalan que la carestía de 1803/1804 y 1804/1805 partió de una situación previa ya muy tensionada: el trigo llevaba años encareciéndose, y la subida alcanzó niveles excepcionales. La Real Academia de la Historia ha destacado que la crisis de 1803-1805 fue un fenómeno muy marcado en España, sin equivalentes tan intensos en otros territorios europeos en esos mismos años.

A esa crisis agrícola se sumó otro enemigo: la fiebre amarilla. Andalucía había sufrido el gran golpe epidémico de 1800, con especial incidencia en Cádiz y Sevilla, y los brotes volvieron en los años siguientes. Los estudios sobre la fiebre amarilla en Andalucía indican que en 1804 hubo un nuevo brote, más virulento que el anterior, coincidiendo además con una crisis agrícola de gran calado.

El dato más duro cabe en una hogaza. La fanega de trigo llegó a dispararse hasta los 240 reales y una hogaza de pan de dos libras —menos de un kilo— superó los cuatro reales, una cantidad equivalente al jornal diario de un bracero. Es decir: un trabajador podía gastar todo lo ganado en un solo pan. No en carne, no en aceite, no en vino, no en lumbre. En pan.

La cosecha que no llegó

El Cabildo vio venir el desastre en mayo. El día 7, el diputado del común don Andrés Echenique y el síndico personero promovieron un expediente para asegurar trigo destinado al abasto público. Las medidas fueron tajantes: se prohibió a cosecheros y dueños de grano sacar trigo de la población o venderlo a forasteros; se les obligó a declarar sus existencias en el plazo de dos días; y se autorizó el reconocimiento de casas y graneros cuando hubiese sospecha de ocultación o fraude.

El trigo debía ir al pan diario de los vecinos, no al negocio de quienes pudieran vender más caro fuera. El Ayuntamiento quiso convertir el término municipal en una despensa vigilada.

El 29 de mayo la decisión se endureció aún más: el Ayuntamiento acordó comunicar al Real y Supremo Consejo de Castilla que intervendría y retendría todo el trigo recolectado en la cosecha, vendiéndolo a precio corriente exclusivamente para el pan del pueblo. Los forasteros quedaban fuera del comercio local del grano.

Aquello no era solo economía. Era orden público. Cuando falta el pan, la calle cambia de sonido. Ya no suenan igual las campanas, ni los carros, ni las voces en la plaza. El hambre convierte cualquier esquina en una pregunta: quién tiene trigo, quién lo esconde, quién lo vende, quién lo protege.

Jornaleros sin jornal

La crisis golpeó primero a los más frágiles: los jornaleros. Las lluvias intensas habían dejado sin trabajo a muchos pobres, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a obras públicas y a limosnas de vecinos pudientes para socorrerlos.

Esta es una de las claves del reportaje: no hablamos solo de una subida de precios, sino de una sociedad en la que miles de personas dependían de trabajar cada día para comer ese mismo día. Sin cosecha no había jornal; sin jornal no había pan; sin pan, la autoridad temía el desorden.

Por eso el hambre de 1804 no puede contarse como una simple “crisis agrícola”. Fue una crisis total: de producción, de abastecimiento, de crédito, de beneficencia, de poder municipal y de confianza.

La Junta de Abastos: mandar sobre el trigo

El 4 de junio se creó una Junta de Abastos para hacer frente a la continua escasez de granos. Participaron el asistente don Agustín Barrera, los alcaldes ordinarios don Juan Manuel Montiel y don Antonio Leguey, el síndico personero don Diego Villalón, y los diputados del común don Andrés Echenique y don Manuel Sáenz de Tejada.

Su primera preocupación fue el Pósito, institución fundamental en épocas de escasez. El Pósito debía servir para prestar grano a los labradores y estabilizar el abastecimiento, pero en 1804 estaba prácticamente sin recursos. El Ayuntamiento pidió que se suspendiera la cobranza de deudas a los labradores, porque la ruina hacía imposible exigir pagos ese año.

Aquí aparece una paradoja amarga: Marchena había prestado antes dinero y trigo a instancias superiores, pero cuando necesitó ayuda, aquello no volvió. El Ayuntamiento reclamó cantidades que, según la documentación, sumaban 351.984 reales y 19 maravedíes en reintegros pendientes. Si ese dinero hubiese regresado, el Pósito habría podido comprar trigo al contado, que era la única forma eficaz de acopiar grano en tiempos de escasez.

El Consejo de Castilla reconoció esas cantidades, pero no las devolvió. Lo que sí concedió fue suspender por ese año los apremios contra los labradores deudores del Pósito. Fue alivio, pero no solución.

La “paternal benignidad” del duque

En julio apareció una esperanza con sello nobiliario. El duque de Osuna y Arcos, don Pedro de Alcántara Téllez Girón y Pacheco, escribió desde Madrid mostrando su preocupación por la escasez de granos en la provincia de Sevilla. Planteó traer trigo del extranjero al puerto más inmediato para surtir de pan a sus pueblos a precios más equitativos.

Pero la esperanza duró poco. El propio duque reconoció después que la cantidad necesaria para atender a todos los pueblos de sus estados era “portentosa” y que su valor ascendía a muchos millones de reales, una suma que no podían afrontar sus finanzas ni las de ningún particular. Recomendó entonces que los ayuntamientos formasen fondos locales y juntas de beneficencia para comprar granos.

Dicho en claro: el señor jurisdiccional mostraba compasión, pero quería cobrar. El Ayuntamiento respondió que sus propios apenas alcanzaban para pagar salarios, que el Pósito no tenía dinero ni trigo suficiente y que solo quedaba acudir a los vecinos pudientes para formar un fondo de entre 150.000 y 200.000 reales.

Los ricos abren la bolsa

El 11 de agosto comenzó a funcionar la Junta de Beneficencia. Se reunieron el asistente, los alcaldes, el vicario don Joseph Guerrero de Ahumada, don Sebastián de Morales y Palma, don Joseph Antonio Díez de la Cortina, don Manuel Diosdado, don Diego Vergara, don Joseph Antonio Montiel y don Andrés Uruñuela. Todos se ofrecieron a constituir un fondo para comprar trigo destinado al pan del vecindario.

Las aportaciones fueron importantes: el vicario dio 15.000 reales; Sebastián de Morales y Palma, otros 15.000; Díez de la Cortina, 22.000; Manuel Diosdado, 22.000; Diego Vergara, 2.000; Joseph Antonio Montiel, 15.000; Andrés de Uruñuela, 5.000; y Antonio Leguey, en nombre de Miguel Ponze Navarro, 15.000. El asistente ofreció incluso alhajas de plata de su propiedad. En total, se reunieron 111.000 reales.

El 20 de agosto se mandó pregonar que cualquier vecino o forastero que quisiera vender trigo a precio corriente acudiera a don Sebastián de Morales y Palma, nombrado depositario del fondo. El hambre empezaba a tener contabilidad, nombres propios y recibos.

La compra del trigo ducal

La negociación con la Casa Ducal fue un tira y afloja. Finalmente, el asistente y don Joseph Antonio alcanzaron un acuerdo con el apoderado ducal: se compró una primera partida de 1.300 fanegas de trigo para entrega inmediata y otra de 1.200 fanegas que debía llegar a Marchena entre quince y veinte días después. Para pagar, se comisionó a don Juan Ternero, que debía trasladar a Sevilla 90.000 reales con la custodia correspondiente.

Pero en noviembre todo volvió a complicarse. Se solicitaron 2.000 fanegas más, aunque la Junta de Beneficencia ya había agotado sus fondos. El duque quería cobrar, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un doloroso repartimiento entre los vecinos contribuyentes.

La escena resume bien el drama: el pueblo necesitaba pan; el Ayuntamiento necesitaba trigo; el duque exigía pago; los pudientes prestaban dinero; los pobres esperaban. En medio, el Cabildo hacía de equilibrista sobre una cuerda de harina.

Los horneros protestan

La crisis llegó también a quienes trabajaban el pan. El 13 de diciembre de 1804 protestaron los horneros y atahoneros de la villa: Felipe Rodríguez, Juan de Atoche, Juan de Herrera, Francisco García, Jerónimo Poleo, Manuel García “El Pelao” y Juan Lebrón. Se quejaban de que el Cabildo les permitía cobrar solo una hogaza de dos libras por cada fanega de pan cocido, cuando antes recibían dos. Alegaban que así no cubrían los gastos de cocción.

El Ayuntamiento no cedió. Ordenó que los molineros continuaran con sus maquilas, que los horneros cobrasen una sola hogaza por fanega de trigo y que los panaderos no pudieran vender la hogaza de pan común por encima de 28 cuartos. Quien incumpliera sería castigado con cuatro ducados de multa y ocho días de cárcel. Los edictos debían fijarse en lugares concurridos, como los Cantillos de San Pedro y las puertas de las carnicerías.

Ahí está el pulso más humano del reportaje. Los horneros no eran grandes especuladores; también peleaban por sobrevivir. Pero el Ayuntamiento sabía que, si el precio del pan seguía subiendo, la villa podía arder sin necesidad de pólvora.

Madrid, Sevilla y Marchena

Mientras Marchena luchaba por su pan, las autoridades superiores tenían otras prioridades. El Supremo Consejo de Castilla facilitaba el abastecimiento de la Corte, y desde Sevilla se ordenaba no impedir a los trajinantes comprar trigo para la capital, que también sufría escasez. Además, en septiembre de 1804 se comunicó la obtención de un salvoconducto del Gabinete inglés para evitar la detención de barcos que venían del extranjero cargados de grano hacia España.

El eco de 1805

La hambruna no terminó con el año. En enero de 1805, el Cabildo seguía preocupado por los jornaleros y sus familias, que mendigaban por el pueblo y amenazaban con desórdenes empujados por el hambre. Se acordó formar una lista de jornaleros y repartirlos entre labradores, pegujaleros y arrendadores de tierras, obligando a cada propietario a mantener cierto número de trabajadores con siete reales secos o con tres libras de pan y tres reales.

Durante los primeros meses de 1805, el trigo comprado, requisado a ocultadores o adquirido al duque fue almacenado en el Pósito y en la Cilla eclesiástica. Desde allí se despachaba diariamente a los atahoneros al precio de 160 reales la fanega. La intervención municipal consiguió rebajar la tensión, y en mayo de 1805 se consideró que la abundancia de trigo permitía disolver la Junta de Beneficencia.

Pero el daño ya estaba hecho. La Marchena de 1804 había aprendido que el pan podía convertirse en frontera: entre quien tenía y quien no, entre el vecino y el forastero, entre la caridad y el negocio, entre el poder señorial y la necesidad popular.

Saber más

Fuente principal: José Alcaide Villalobos, Marchena siglo XIX. Decadencia, guerra y revolución. Marchena 1800-1833. Tomo I, especialmente el capítulo “La hambruna. Marchena, año 1804” y los apartados relacionados con la crisis de abastecimiento de 1805.

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Paradas y Morón tendrán murales de pintura contemporánea

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1 hora ago

17 julio, 2026

José Antonio Suárez López

El proyecto de arte mural contemporáneo ‘Plazes’ celebrará en 2026 su tercera edición con intervenciones en cinco nuevos municipios de la provincia de Sevilla: Paradas, Morón de la Frontera, Cañada Rosal, El Pedroso y El Castillo de las Guardas.

La iniciativa está promovida por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, cuenta con el comisariado de la galería Delimbo y se desarrolla con la colaboración de los respectivos ayuntamientos. Su finalidad es crear una colección de murales repartida por distintos puntos de la provincia, concebida como una ruta cultural al aire libre.

Las obras serán diseñadas específicamente para cada localidad. Para ello, los artistas desarrollarán un proceso previo de investigación sobre el paisaje, la historia, la identidad y la vida cotidiana de los municipios.

En esta edición, Manuel Mesa realizará la intervención de Paradas; Rubén Guerrero trabajará en Morón de la Frontera; Fátima de Juan, en Cañada Rosal; Johanna Failer, en El Castillo de las Guardas, y Sergio Gómez, conocido artísticamente como Srger, en El Pedroso.

Una colección iniciada en 2024

‘Plazes’ comenzó en 2024 con murales en Los Corrales, El Viso del Alcor, Camas y Mairena del Aljarafe. Las obras abordaron cuestiones como el paisaje de la Sierra Sur, la memoria de las mujeres recoveras, el pasado industrial y ferroviario o la relación entre naturaleza y sostenibilidad.

La segunda edición incorporó Cantillana, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan y Fuentes de Andalucía. Entre las temáticas tratadas figuraron el pasado romano, el Guadalquivir, los patios andaluces, el folclore y la vinculación de Fuentes de Andalucía con el breakbeat y las concentraciones musicales celebradas en los eucaliptales durante las décadas de 1990 y 2000.

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El marchenero Nacho Oropesa actuará junto a Javier Ojeda y Danza Invisible en el Corbones Fest

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2 horas ago

17 julio, 2026

José Antonio Suárez López

El festival se celebrará el 28 de agosto en el Auditorio Corbones de La Puebla de Cazalla, con entradas anticipadas a diez euros

El cantante marchenero Nacho Oropesa formará parte del cartel de la séptima edición del Corbones Fest, que se celebrará el viernes 28 de agosto de 2026 en el Auditorio Corbones de La Puebla de Cazalla.

El músico actuará acompañado por su banda en una noche encabezada por Javier Ojeda y Danza Invisible, dos nombres estrechamente ligados a la historia del pop español desde la década de los ochenta. El programa se completará con una sesión de Tony Pérez.

La apertura de puertas está prevista para las 22:30 horas y el comienzo de las actuaciones, para las 23:00. El Corbones Fest aparece incluido en la programación cultural de verano publicada por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, que contempla diferentes actividades en el Auditorio Corbones, el Paseo y otros espacios del municipio durante julio y agosto.

La presencia de Nacho Oropesa aporta representación marchenera a un cartel que combina pop, rumba y música de baile. El artista ha desarrollado durante los últimos años una trayectoria construida entre actuaciones en fiestas populares, salas y eventos culturales, además de la publicación de canciones propias. En noviembre de 2025 presentó en el Auditorio Pepe Marchena su primer disco, “Hasta Plutón”, acompañado por una banda y varios artistas invitados.

Entradas anticipadas y venta en taquilla

Las entradas anticipadas tendrán un precio de diez euros, mientras que en taquilla costarán doce euros.

La venta física se realizará en la Oficina de Cultura de La Puebla de Cazalla y en los establecimientos La Tremendita y El Cruce. También se anuncia la posibilidad de adquirirlas a través de la plataforma municipal de venta de entradas, aunque en el momento de realizar esta consulta el Corbones Fest todavía no aparecía entre los espectáculos disponibles en su portada.

Para obtener información, el cartel facilita el teléfono de la Oficina de Cultura, 954 499 416, y el número de WhatsApp 623 258 972.

Las actuaciones localizadas de Nacho Oropesa durante este verano

La agenda pública localizada de Nacho Oropesa para el verano de 2026 incluye, al menos, tres actuaciones:

26 de junio, Marchena. Actuación en la Velá de San Agustín, organizada en el convento de San Agustín por la Hermandad de la Borriquita.

14 de julio, Zahara de los Atunes. Concierto en el establecimiento Iguana, dentro de su programación de música en directo.

28 de agosto, La Puebla de Cazalla. Participación con su banda en el VII Corbones Fest, junto a Javier Ojeda, Danza Invisible y Tony Pérez.

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Sevilla contará con 27,9 millones para programas de Formación Profesional para el Empleo

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3 horas ago

17 julio, 2026

José Antonio Suárez López

La convocatoria autonómica, dotada con 106,5 millones para 2026 y 2027, financiará cursos destinados a personas desempleadas y ocupadas en modalidades presencial, virtual y de teleformación

La provincia de Sevilla contará con una asignación de 27.907.927 euros dentro de la nueva convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía para financiar programas de Formación Profesional para el Empleo dirigidos a personas desempleadas y ocupadas.

La convocatoria, publicada el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dispone de un presupuesto total de 106.486.426 euros para el conjunto de la comunidad autónoma. Los fondos se distribuirán entre las anualidades de 2026 y 2027, correspondiendo a Sevilla la mayor dotación provincial.

Según las previsiones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, la programación permitirá desarrollar alrededor de 2.217 acciones formativas en Andalucía, con una participación estimada de 73.600 personas.

La oferta incluirá cursos pertenecientes al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo y enseñanzas destinadas a obtener acreditaciones oficiales correspondientes a los grados B y C del Sistema de Formación Profesional.

Los programas podrán impartirse de manera presencial, virtual o mediante teleformación, dependiendo de la línea de subvención y del colectivo al que se dirijan.

Más de 23,8 millones para titulaciones de grados B y C

La convocatoria se organiza en cinco líneas. En la provincia de Sevilla, la mayor partida corresponde a la formación profesional de grados B y C destinada a personas desempleadas, que podrá impartirse en modalidad presencial y virtual. Este apartado contará con 23.858.849 euros.

La formación presencial en especialidades del Sistema Nacional de Empleo dirigida a personas desempleadas tendrá una asignación provincial de 1.482.659 euros.

Por su parte, los programas virtuales de grado B para personas trabajadoras ocupadas dispondrán de 2.565.427 euros. La convocatoria también contempla dos líneas de teleformación, una para desempleados y otra para ocupados, aunque la información difundida por la Consejería no detalla por separado sus respectivas dotaciones en Sevilla.

Podrán solicitar las ayudas las entidades privadas de formación, tanto con ánimo de lucro como sin él, que estén inscritas o autorizadas para impartir las especialidades incluidas en la convocatoria.

Las subvenciones podrán cubrir hasta el cien por cien del coste de las actividades aprobadas. La concesión de los fondos dependerá de la valoración de las solicitudes presentadas y de la posterior resolución administrativa, por lo que la dotación anunciada representa el presupuesto disponible para financiar los programas y no el número definitivo de cursos que llegarán a impartirse.

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Una treintena de entidades de Cañada Rosal pide al Arzobispado que Fernando Flores continúe como párroco

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3 horas ago

17 julio, 2026

José Antonio Suárez López

Representantes vecinales han entregado un escrito en la sede de la Archidiócesis de Sevilla para solicitar que el sacerdote, vinculado a la localidad desde 1964, mantenga sus funciones pastorales y administrativas

Una treintena de asociaciones, entidades y colectivos de Cañada Rosal ha respaldado un escrito dirigido al Arzobispado de Sevilla para pedir la continuidad de Fernando Flores Pistón como párroco de la iglesia de Santa Ana, después de que se haya comunicado su relevo y su nombramiento como párroco emérito a partir del próximo mes de septiembre.

El documento fue entregado este viernes, 17 de julio, en la sede de la Archidiócesis por un grupo de vecinos en representación de la comisión constituida en el municipio para apoyar al sacerdote, que desarrolla su labor pastoral en Cañada Rosal desde 1964. La iniciativa pretende trasladar a la autoridad eclesiástica el respaldo social surgido en la localidad tras conocerse la decisión.

En el escrito, los firmantes expresan su desacuerdo con la manera en que se ha llevado a cabo el relevo y destacan la trayectoria de Fernando Flores, al que atribuyen más de seis décadas de dedicación a la vida espiritual y social del municipio.

Las entidades firmantes resaltan especialmente su cercanía con las personas enfermas, los jóvenes y las familias más desfavorecidas, así como su papel en la cohesión de la comunidad parroquial.

Según recoge el documento, el sacerdote continúa desarrollando sus funciones “con la misma lucidez, entusiasmo y eficacia que lo han caracterizado siempre”. Los colectivos consideran que no existen circunstancias de incapacidad ni una renuncia voluntaria que justifiquen su paso a la condición de emérito.

Petición de restitución como párroco titular

Las asociaciones solicitan que Fernando Flores sea restituido como párroco de Cañada Rosal con todas sus atribuciones pastorales y administrativas, permitiéndole permanecer al frente de la parroquia mientras pueda ejercer sus funciones y decida voluntariamente continuar.

Los firmantes advierten además del impacto espiritual y social que, a su juicio, podría tener el relevo en una comunidad cuya vida parroquial se ha desarrollado durante décadas junto al sacerdote.

El texto habla de un “clamor unánime y cohesionado” en el municipio y sostiene que las entidades locales se han unido para defender su continuidad al frente de la iglesia de Santa Ana.

Durante la entrega, la comisión tuvo que modificar el encabezamiento del documento. Aunque inicialmente estaba dirigido al arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, desde el Arzobispado se les indicó que debía presentarse formalmente ante el vicario general.

Los representantes vecinales también pretendían mantener un encuentro personal con el arzobispo para explicarle sus peticiones, pero, según la información difundida, no fue posible al encontrarse este en Madrid por motivos de trabajo.

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La Vía Verde de la Sierra convoca un concurso fotográfico para descubrir su patrimonio natural, cultural y ferroviario

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5 horas ago

17 julio, 2026

José Antonio Suárez López

La iniciativa permanecerá abierta hasta el 16 de agosto y repartirá 350 euros en premios entre las mejores imágenes

La Fundación Vía Verde de la Sierra ha convocado el Concurso Fotográfico Digital “Conoce el patrimonio de la Vía Verde de la Sierra”, una iniciativa que invita a residentes y visitantes a descubrir y compartir, a través de la fotografía, la riqueza paisajística, cultural, natural y ferroviaria de este Camino Natural.

El certamen cuenta con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y está dirigido a personas mayores de edad. Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías inéditas relacionadas con cualquier elemento representativo de la Vía Verde de la Sierra.

Las imágenes podrán mostrar sus antiguas estaciones, túneles y viaductos, así como los paisajes, la biodiversidad, la memoria ferroviaria o aquellos rincones capaces de reflejar la identidad y la singularidad de este recorrido que discurre entre las provincias de Cádiz y Sevilla.

El plazo para la presentación de las fotografías comenzó el 14 de julio y permanecerá abierto hasta el 16 de agosto de 2026.

Una exposición virtual y un calendario para 2027

Entre todas las obras recibidas, el jurado seleccionará veinte fotografías finalistas. Estas imágenes formarán parte de una exposición virtual que podrá contemplarse a través de las redes sociales oficiales de la Fundación Vía Verde de la Sierra.

Además, trece de las fotografías podrán ser elegidas para ilustrar el calendario “Vía Verde de la Sierra 2027”, convirtiéndose así en una ventana abierta durante todo el año a los paisajes, los elementos ferroviarios y el patrimonio natural de este enclave.

El concurso establece tres premios económicos. La fotografía ganadora recibirá 200 euros, mientras que el segundo premio estará dotado con 100 euros y el tercero, con 50 euros.

Desde la Fundación han animado a participar a todas las personas amantes de la fotografía, la naturaleza y el patrimonio, invitándolas a aportar una mirada personal sobre este antiguo trazado ferroviario reconvertido en uno de los itinerarios verdes más destacados de Andalucía.

“Cada fotografía puede contar una historia. Tu mirada, nuestro patrimonio” es el lema con el que la entidad resume el espíritu de esta convocatoria, pensada para poner en valor tanto los grandes paisajes como los pequeños detalles que forman parte de la memoria y la identidad de la Vía Verde de la Sierra.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web oficial de la Fundación Vía Verde de la Sierra.

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CCOO reclama al SAS medidas urgentes tras las últimas agresiones a profesionales sanitarios en Sevilla

Published

5 horas ago

17 julio, 2026

José Antonio Suárez López

El sindicato exige más personal de vigilancia en centros de salud y consultas externas y advierte de que las plantillas están soportando las consecuencias del deterioro de la atención sanitaria

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud que adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de sus profesionales ante las últimas agresiones registradas en centros sanitarios de la provincia.

La organización sindical ha condenado especialmente la agresión sufrida recientemente por una trabajadora del centro de salud y consultas externas Santa Ana de Dos Hermanas. Según ha denunciado CCOO, el centro sanitario comparte edificio con dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyos profesionales sí disponen de vigilancia privada, mientras que la plantilla perteneciente al SAS desarrolla su actividad sin esa protección.

Para el sindicato, esta diferencia constituye un “sinsentido” y evidencia la situación de desprotección en la que se encuentran numerosos trabajadores de la sanidad pública andaluza ante los insultos, las amenazas y las agresiones físicas.

CCOO ha subrayado que cualquier acto violento contra el personal sanitario es “reprobable y condenable sin paliativos”. No obstante, también ha señalado que las largas listas de espera quirúrgicas, las demoras en pruebas diagnósticas y consultas externas y el colapso de la atención primaria generan situaciones de tensión que terminan sufriendo directamente los profesionales.

El sindicato responsabiliza de esta situación a los cargos directivos y políticos encargados de la gestión del SAS y considera que médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos y el resto de trabajadores de los centros sanitarios se convierten en los receptores del malestar de los usuarios.

“Las trabajadoras y trabajadores del SAS se convierten en ‘sparrings’ que reciben insultos, amenazas y golpes sin que exista una verdadera prevención”, ha denunciado CCOO, que sostiene que la falta de recursos y personal está agravando tanto la atención a los pacientes como las condiciones laborales de las plantillas.

Vigilancia en centros de atención primaria

CCOO asegura que lleva años solicitando, a través de los comités de seguridad y salud, la incorporación de vigilantes en el centro Santa Ana de Dos Hermanas y en otros centros pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur.

La petición se extiende también a los centros de atención primaria y de consultas externas de los diferentes distritos y áreas sanitarias de la provincia en los que, por sus características o por la existencia de episodios anteriores, sea necesaria una protección específica.

Según el sindicato, la respuesta habitual de las direcciones del SAS es que no existe presupuesto suficiente para ampliar los servicios de seguridad. CCOO rechaza este argumento y recuerda que la prevención de riesgos laborales debe prevalecer sobre cualquier consideración económica.

La organización sindical critica además que las gerencias solo acuerden la incorporación de vigilantes después de que se hayan producido agresiones especialmente graves, en lugar de actuar con carácter preventivo.

CCOO también ha destacado la paradoja de que algunas de las personas responsables de decidir la contratación de estos servicios trabajan en edificios administrativos que sí cuentan con personal de seguridad, mientras numerosos profesionales sanitarios permanecen expuestos en centros de salud y consultas externas.

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