El Partido Popular de Marchena ha solicitado al Ayuntamiento a través de un escrito información sobre la «destrucción sin control de documentos públicos» que tuvo lugar el pasado 14 de febrero en el silo municipal junto a la carretera de Paradas.
En el escrito, registrado el 16 de febrero, la portavoz del grupo municipal del PP, Esther Álvarez, expone que «conociendo que en instalaciones municipales se han estado destruyendo documentación», solicita «se nos informe de qué documentación ha sido eliminada, cuál es la empresa contratada para dicha destrucción de documentación», así como «el acuerdo de aprobación de la orden de destrucción de documentos públicos».
El silo es propiedad de la Junta de Andalucía, si bien el Ayuntamiento de Marchena lo tiene cedido como dependencias del área de Servicios, y la abogada del Partido Popular, Ana María Fernández Gómez del Castillo, explica en una noticia publicada hoy por a ABC de Sevilla que se trata «de una destrucción a escondidas de documentación pública sin el debido control respecto a la protección de datos de los vecinos e información de los grupos municipales, por lo que algunos temen que esa reacción temeraria evidencia el intento de hacer desaparecer documentación más que comprometida para los denunciados».
Según Esther Álvarez la quema de documentos no sólo se realizó ese día, «puesto que ya nos avisaron que se estaba realizando durante varios días» y no sólo ese 14 de febrero. Pero, esta quema de documentación pública no es la única causa que enfrenta al PP con el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Marchena.
En el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad se han registrado sendas denuncias contra la regidora del PSOE por acoso y por extorsión a raíz de las justificaciones que los grupos municipales deben aportar sobre las subvenciones que cada partido recibe de las arcas municipales, en concreto, se trata a la doble denuncia que ha presentado el PP junto al partido 100% Andaluces, antiguo Partido Andalucista.
Según la abogada, «estos dos partidos no solamente han sufrido de manera particular coacciones y extorsiones, sino que, además, los grupos políticos a los que representan sufren de manera arbitraria y discrecional las decisiones plenarias y organizativas que la alcaldesa junto con el interventor municipal realizan en el Ayuntamiento y, en particular, en el control de gastos».