La Escuela de las Artes pide una ubicación alternativa para seguir su actividad tras quince años

Gracias a la mayoría absoluta del PSOE el Ayuntamiento aprobará en el pleno del Martes próximo el Desahucio de la Escuela de las Artes de Marchena.

Ante este hecho la representación legal de los varios centenares de alumnos y profesores de dicha escuela, ha presentado un escrito de alegaciones administrativas ante el Ayuntamiento en el que pide que se le busque una nueva ubicación para poder continuar su actividad.

Alumnos y profesores de este proyecto cultural han puesto en marcha en redes sociales la campaña «Yo soy Escuela» con la que poner en valor un proyecto cultural y formativo por el que han pasado miles de vecinos de Marchena durante los últimos quince años.

Además se insta a todos los marcheneros a asistir al pleno del próximo Martes y así dejar patente su desacuerdo con lo que consideran un «ataque» contra una institución cultural creada por el Ayuntamiento y que ahora que pretende ser desmantelada por el propio Ayuntamiento tras quince años de vida y cuando la actividad cultural del propio consistorio está totalmente paralizada.

El Ayuntamiento pretende ocupar por vez primera el inmueble y desalojar a sus ocupantes en base a un informe de la Biblioteca municipal de 17 de Febrero que afirma necesitar más espacio y un nuevo edificio más céntrico y propone como única ubicación posible dicho edificio de La Milagrosa.

La Escuela de las Artes está en el edificio de la Milagrosa «por una Cesión Consentida y promovida por el Ayuntamiento de Marchena y un acuerdo en pleno donde a cambio de unas nuevas circunstancias de la Escuela -los profesores pasaban de dependientes del Ayuntamiento con oposición a autónomos- el Ayuntamiento le cedía el uso de dichas instalaciones de la Milagrosa para que siguieran desempeñando su tarea» según expresa el representante legal de la Escuela y letrado Pablo Jesús Gallego.

Para el Ayuntamiento la ocupación del dominio público «en precario y sin plazos es simplemente tolerada» por el Consistorio por lo que «puede ser dejada sin efecto por la entidad local en cualquier momento y sin indemnización alguna» citando a la ley 7/99 como respaldo legal. Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015 el Procedimiento Administrativo el plazo máximo para resolver este decreto es de 6 meses.

Una resolución de Alcaldía con fecha 4 de marzo del 2020 ordena de forma unilateral y sin dar opción a escuchar a las partes ni negociar con ellas la extinción y desalojo de los actuales ocupantes «en precario» del edificio municipal de La Milagrosa.

Según el Ayuntamiento «el edificio viene siendo ocupado por algunos profesionales autónomos y de alguna asociación y que se ha mantenido por la mera tolerancia del Ayuntamiento y en situación de precario al carecer de licencia de ocupación y sin que se abonen contraprestación de ningún tipo sino todo lo contrario generan gastos de luz y limpieza elevados».

Para la representación legal de la Escuela de las Artes dicha actividad posee actualmente un «titulo justo» para seguir usando el local y defienden que «no están en precario» y solicita al Ayuntamiento una ubicación alternativa para ejercer su actividad, que de momento afirman, no le han facilitado.

Solicitan la paralización del desahucio como medida administrativa cautelar hasta que no se tenga una nueva ubicación para dichos talleres.  Si el Ayuntamiento pretende «echar por la fuerza» a los profesores y alumnos que están allí, la defensa legal de este colectivo plantearía una solicitud de aplicación de la Medida Cautelar ante los Juzgados Contenciosos-Administrativos de Sevilla, para que cautelarmente paralicen el desahucio.

Si el Ayuntamiento emite un Acto Administrativo que suponga un desahucio de forma irregular de los alumnos y profesores de la Escuela de las Artes de La Milagrosa, los Juzgados Contenciosos Administrativos de Sevilla con carácter de urgencia y de forma cautelar pueden acordar la suspensión del desahucio.

Aunque el pleno es soberano, pero lo que acuerde puede ser declarado contrario a derecho por los Tribunales si incumple la normativa. Este proceso judicial se prolongaría en el tiempo hasta que se resuelva, lo que mientras se resuelve los alumnos y profesores seguirían usando el edificio municipal.