La Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo de Sevilla, ha desarticulado en la provincia de Sevilla una organización criminal de carácter familiar dedicada, presuntamente, a la trata de personas y a su explotación laboral como jornaleros agrícolas. La operación se ha saldado con la liberación de ocho víctimas y la detención de 17 personas en la localidad de Cantillana.
Según la nota oficial, las víctimas, de nacionalidad Rumanía, eran captadas en su país de origen —principalmente en la región de Alexandría— mediante anuncios en redes sociales publicados por el denominado clan “Muti”, que les prometía empleo en diferentes explotaciones agrícolas. Una vez en España, los trabajadores eran alojados en viviendas ocupadas “en condiciones infrahumanas”, permanecían bajo control permanente de la organización y afrontaban jornadas de trabajo “sin descanso”, de lunes a domingo y, en ocasiones, bajo condiciones climatológicas adversas.
El entramado, siempre según la Policía, sufragaba el desplazamiento desde Rumanía —en autobús— y convertía ese viaje en una deuda que las víctimas debían saldar trabajando en distintas fincas. Además, no eran dados de alta en la Seguridad Social.
La investigación se inició en noviembre de 2023 tras la información aportada por la Policía rumana, que alertó de la presencia en Cantillana de un clan dedicado a la explotación laboral en tareas agrícolas. En la fase final del operativo se practicaron cuatro registros domiciliarios en el municipio, en los que se intervinieron 1.700 euros en efectivo, teléfonos móviles de alta gama y documentación relevante para la causa.
La Policía Nacional enmarca esta actuación en una sucesión de investigaciones desarrolladas desde 2022 en Andalucía —especialmente en Sevilla— contra redes rumanas dedicadas a la trata con fines de explotación laboral en el sector agrícola. La nota recuerda, entre otras, la operación “Danubio” (20 de enero de 2023) y la “Naeva”, con fases entre noviembre y octubre de 2024, y cifra en “más de un centenar” los detenidos en los últimos cuatro años en este tipo de actuaciones.
Para facilitar la colaboración ciudadana, la Policía mantiene el teléfono 900 105 090 y el correo trata@policia.es para denuncias anónimas y confidenciales, sin que la llamada quede reflejada en la factura, según la propia nota.