La movilización será este viernes 21 de agosto, de 20:30 a 21:00 horas, en la calle San Pedro, bajo el lema «Paremos el genocidio. Palestina libre».
Marchena por la Paz volverá a salir a la calle este viernes, 21 de agosto, con una nueva concentración en solidaridad con el pueblo palestino. Será la número 198 de las convocadas por el colectivo y tendrá lugar entre las 20:30 y las 21:00 horas en la calle San Pedro de Marchena.
La convocatoria llega marcada por una noticia que ha provocado una nueva oleada de críticas internacionales: la construcción en Israel de una instalación destinada a ejecutar mediante ahorcamiento a palestinos condenados a muerte en aplicación de la nueva legislación israelí.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció esta semana el inicio de los trabajos y difundió personalmente un vídeo desde la zona en construcción. Según la información confirmada por EFE, El País y The Guardian, el complejo dispondrá de un pabellón para condenados a muerte, una horca y «cabinas de observación» desde las que víctimas de atentados y familiares podrán presenciar las ejecuciones. Ben-Gvir puso como ejemplo prácticas existentes en Estados Unidos y afirmó durante su visita: «Estamos haciendo historia».
La instalación desarrolla en la práctica la denominada Ley de Pena de Muerte para Terroristas, aprobada definitivamente por la Knéset el pasado 30 de marzo por 62 votos a favor y 48 en contra. La propia información oficial del Parlamento israelí establece que un residente palestino de Cisjordania —excluidos ciudadanos y residentes israelíes— que cause intencionadamente una muerte en un acto considerado terrorista podrá ser condenado a muerte por un tribunal militar, salvo circunstancias especiales que permitan imponer cadena perpetua. Las ejecuciones deberán realizarse mediante ahorcamiento y, con carácter general, dentro de los 90 días posteriores a la firmeza de la sentencia.
La diferencia de régimen jurídico es una de las cuestiones que más críticas ha generado. Los palestinos de Cisjordania sometidos a esta norma son juzgados por tribunales militares, mientras los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, se encuentran bajo jurisdicción civil. Organizaciones de derechos humanos han denunciado por ello el carácter discriminatorio de la legislación.
Ben-Gvir, uno de los dirigentes más radicales de la actual política israelí, presenta la medida como una herramienta de castigo y disuasión frente a quienes sean declarados culpables de atentados mortales. En los últimos días también ha provocado condenas internacionales tras defender públicamente la realización de decenas de «asesinatos selectivos» cada noche en Gaza. Sus declaraciones fueron censuradas, entre otros, por responsables políticos europeos y por el secretario general de Naciones Unidas.
La decisión supone además un cambio histórico en la aplicación de la pena capital en Israel. Aunque su ordenamiento ya contemplaba la muerte para determinados delitos excepcionales, el país llevaba más de seis décadas sin ejecutar una condena dictada por un tribunal civil. El precedente más conocido es el del dirigente nazi Adolf Eichmann, condenado por crímenes contra el pueblo judío y contra la humanidad y ahorcado en 1962.
Una protesta en un conflicto que continúa abierto
La concentración de Marchena se produce mientras la situación humanitaria sigue siendo muy grave en los territorios palestinos pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025. En su informe del pasado 7 de agosto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advertía de que la situación en Gaza continuaba siendo «crítica», con actividad militar, víctimas civiles, desplazamientos y nuevos daños en infraestructuras sanitarias y educativas.
El cartel difundido por Marchena por la Paz vuelve a utilizar el lema «Paremos el genocidio». Conviene precisar que el término forma parte de la denuncia política y social de los convocantes y que la calificación jurídica internacional continúa sometida a procedimiento. Sudáfrica mantiene ante la Corte Internacional de Justicia un proceso contra Israel al amparo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Corte ha dictado medidas provisionales vinculantes para proteger los derechos contemplados por la Convención, pero esas decisiones no constituyen por sí mismas una sentencia definitiva sobre el fondo que determine que se haya cometido genocidio.