Los grupos parlamentarios PSOE-A y Por Andalucía consideran vergonzosa la instrucción interna del Área Sanitaria de Osuna que pedía llamar a la Guardia Civil en caso de concentraciones en el centro de salud.
Por Andalucía pide el cese inmediato del responsable de esta área y el PSOE-A quiere saber si la consejera de Salud y Consumo autorizó esta orden.
Coartar un derecho fundamental:
Por Andalucía señala que el normal funcionamiento de un centro sanitario no tiene que ver con una concentración en su puerta y esto coarta un derecho fundamental de la ciudadanía.
La portavoz hace hincapié en que no hace falta una circular para llamar a la Guardia Civil si es necesario.
Medidas del Gobierno andaluz:
La portavoz del PSOE-A insta a la Consejería a escuchar a los manifestantes en lugar de llamar a la Guardia Civil. Se critican las medidas del Gobierno andaluz y se pide que trabajen en resolver los problemas en lugar de recurrir a la fuerza.
Comunicación interna y asistencia sanitaria:
La consejera de Salud y Consumo reconoce que la comunicación interna no fue la más acertada, pero defiende que garantiza todos los extremos necesarios.
Se consulta a la Guardia Civil para garantizar la asistencia sanitaria y evitar agresiones verbales durante las concentraciones.
RENUNCIA DEL DIRECTOR ECONOMICO DEL AREA
La semana pasada presentó su renuncia al cargo el director Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Casto Ortiz, despues de que la Oficina Andaluza Antifraude ha emitido una resolución con presuntas irregularidades administrativas de su gestión que se ha derivado al Servicio Andaluz de Salud.
El sindicato CGT y la Plataforma Sanitaria de Osuna, integrada por representantes sindicales, sanitarios y antiguos trabajadores, han pedido su dimisión en reiteradas ocasiones, incluso, han llevado caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
Una resolución que recoge supuestas anomalías e irregularidades en la gestión de contratos y la administración de retribuciones. El Servicio Andaluz de Salud tendrá seis meses para contestar a la Oficina antifraude, un organismo que tiene la facultad de enviar casos al ámbito judicial si encuentra indicios de infracciones penales.